Mucho run run, poca claridad en torno a un tema sensible en Uruguay. Por estas horas, se debate una medida adoptada por el operador telco público local, la Administración Nacional de Comunicaciones (Antel), que habría revocado los acuerdos establecidos con el mercado privado de cableoperadores para el arrendamiento de su red de fibra óptica.
¿Qué pasó?
La presión sobre el operador público para aplicar mecanismos de compartición de su infraestructura no es nueva, y los reveses que tuvo aquella historia refleja un largo correlato legislativo y político. Hace un año, una resolución del Ministerio de Industria, Energía y Minería habilitó a Antel a arrendar su red de fibra óptica al mercado privado de cableoperadores que viene registrando transformaciones.
Según supo TeleSemana.com, se trata de modificaciones introducidas producto del resultado de un proceso de “revisión estratégica” y de la cancelación de una iniciativa tendiente a que los cableoperadores pudieran contratar servicios mayoristas de datos a través de la red de Antel, pero que no habría sido utilizada.
Al respecto, Gustavo Gomez, director de Observacom, precisó en un post en la red social X que “Antel no revocó (ni puede) ninguna licencia ni quitó la fibra óptica a nadie. O sea: no afectó derechos adquiridos. Es una decisión empresarial de no alquilar una red que es de propiedad pública”.
Mientras TeleSemana.com avanza en la gestión de una entrevista con el recién asumido equipo directivo de Antel, la prensa local se hizo eco de las voces oficialistas y opositoras que integran el directorio de la empresa. Explicaron que se trata de la derogación de un plan comercial de venta de servicios de Internet a privados sobre el que no existían contratos vigentes o un servicio funcionando, por lo que no impactaría en la empresa.
Inclusive, trascendió que tarifario mayorista considerado en aquella oportunidad será reemplazado por un enfoque de comercialización como servicio. Esto significa que la medida no impactaría sobre la licencia del cablero, sobre todo porque aún rigen las licencias B para que los cableoperadores puedan proveer Internet al hogar.
En medio de ese debate, también circuló que no se renovaron contratos con tres canales audiovisuales privados (el 3, el 4 y el 12) para la transmisión de sus contenidos en la plataforma Antel TV, lo que implicaba un pago anual de 3,6 millones de dólares. Y esto sumó tensión al debate. Inclusive, Pablo Álvarez, vicepresidente de Antel, confirmó que ambas medidas están vinculadas por formar parte de la revisión integral, producto de un nuevo mandato directivo. Esto no involucra su inhabilitación sino el análisis para su replanteo.
De momento, el tema inaugura interrogantes. Por ejemplo, sobre los detalles de aquella “revisión estratégica” o sobre cómo afecta esta decisión a largo plazo en la competencia local. También en cuanto a si la plataforma Antel TV (o Vera TV) se enfocará en el desarrollo de contenidos propios, entre otros.
Con todo, este debate se introduce en un momento de cambios en el sector telco uruguayo. Hace tres semanas, Telefónica vendió su filial local a Millicom International Cellular por casi 441 millones de dólares, en una operación que hoy está sujeta a la aprobación de los organismos reguladores.
En la comunicación oficial de aquella adquisición, la empresa compradora ponía en valor la estabilidad macroeconómica del país, el ambiente de negocios y su seguridad jurídica, hechos que se condicen con la virtuosa condición de exhibir uno de los ARPU más altos de la región en servicios móviles: 7,5 dólares, según la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec).
