La Empresa Nacional Telecomunicaciones del Perú (Telperú) es la identidad propuesta por un grupo de congresistas que presentó un proyecto legislativo tendiente a declarar “de necesidad pública e interés nacional la nacionalización de Telefónica del Perú”. Sí, habla de expropiación, de plazos y de la importancia de asumir el costo político de esta iniciativa que promete debate.
La novedad surge horas después que Integra Tec, empresa que hace un trimestre pagó casi un millón de dólares a Telefónica Hispam, anunciara la nueva identidad corporativa de la empresa: Integratel Perú como también la disponibilidad de 102 millones de dólares para garantizar el desarrollo de 5G.
Con fecha de presentación del jueves 12 de junio en el Congreso de Perú, este proyecto de ley multipartidario lleva el número 11565/2024-CR, se desarrolla a lo largo de siete artículos, y lleva la firma de 16 funcionarios. “Es momento de la participación activa y presente del Estado”, dijo en un posteo en su cuenta personal de la red social X el congresista Guillermo Bermejo Rojas, uno de los autores de la iniciativa.
Los siete artículos
El objeto de la ley se inscribe en el marco de “una acción de protección de los intereses del Estado, cautela de los intereses de los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), resguardar el capital de los proveedores y la protección del servicio estratégico de telecomunicaciones para garantizar el servicio de conectividad en todo el territorio nacional”.
Luego, plantea la necesidad de declarar “de necesidad pública e interés nacional la expropiación” de la empresa y establece que, en caso de ser aprobada, se expropie en un plazo de 30 días a PangeaCo, Telefónica Cloud Tech Perú, y Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech Perú.
Además, la iniciativa determina que el Poder Ejecutivo garantice el pago de “justiprecio correspondiente a la última operación extrabursátil de venta del 99,3 por ciento de las acciones de la empresa”, del que se deducirán las deudas tributarias, las sanciones regulatorias y otras penalidades que estuvieran pendientes.
La nueva identidad involucraría la creación de una nueva marca, Telperú, y la creación de una empresa pública de derecho privado, dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) del país.
Además, se establecería un Consejo de Vigilancia para “garantizar el control social y técnico” de su operación, que generaría reportes semestrales (financieros, tributarios y laborales) que serán elevados al Poder Ejecutivo y al Legislativo, cuya conformación estará dada por un representante del MTC, uno de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), un representante de los acreedores de bonos, y un representante de los trabajadores. A su vez, prevé que el régimen laboral sea el mismo que los trabajadores tienen bajo la dirección de Telefónica.
Otro elemento destacado radica en que el proceso expropiatorio suspende el procedimiento concursal en curso o por iniciarse, de cara a la evaluación del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
Los riesgos
En la iniciativa legislativa -disponible aquí– se exhiben una veintena de argumentos y datos de coyuntura, perspectiva regulatoria y un análisis comparativo internacional de iniciativas de este tipo, pero también admite que hay riesgos.
“El impago de obligaciones tributarias por parte de Telefónica del Perú no es un hecho aislado, sino un riesgo sistémico para la gobernabilidad fiscal, la equidad tributaria y la estabilidad institucional del país”, dice y plantea riesgos como el “debilitamiento del principio de legalidad e igualdad ante la ley”, que siente un “precedente peligroso para otras empresas” al incentivar “una cultura de litigio y morosidad tributaria estratégica”, que signifique un “impacto directo en las finanzas públicas”, entre otras.
Imagen: Scott Graham/Unsplash
También asume que “el costo político de estatizar Telefónica del Perú sería alto y multidimensional, ya que implicaría consecuencias tanto nacionales como internacionales, en los planos económico, institucional, legal y reputacional”, admite el proyecto.
Lo cierto es que esta iniciativa plantea muchos interrogantes. Por ejemplo, si la firma de 16 congresistas garantiza el respaldo mayoritario en el Congreso y, fundamentalmente, si cuenta con el apoyo del Poder Ejecutivo para su eventual promulgación y defensa. También, qué destino le depara a la adquisición vigente iniciada por Integra Tec y cuál sería el horizonte de largo plazo de la operadora, una vez estatizada. Los planteos se multiplicarán porque el debate está abierto.
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