Que las telecomunicaciones son fundamentales para el desarrollo económico y social de Brasil, pero que aún hay 1.207 municipios que carecen de infraestructura de fibra óptica en el backhaul; o que persisten las brechas en la cobertura móvil, porque hay 7.923 localidades que no cuentan con servicio de 4G o superior son algunas de las conclusiones que ofrece la actualización 2025 del Plan Estructural de la Red de Telecomunicaciones (PERT), publicado por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (Anatel).
Y junto a ese balance del estado de situación, el regulador trazó lineamientos para paliar las debilidades y que fueron presentadas como proyectos estratégicos del Plan de Gestión Táctica para el bienio 2025-2026. Por ejemplo, ampliar la red de transporte, la construcción de nuevas torres para expandir la cobertura móvil y la implementación de redes públicas esenciales.
Pero no sólo eso, la Agencia también anunció una regulación ad hoc para fomentar la transparencia en la competencia de los actores de menor porte.
Radiografía, como punto de partida
El PERT es un punto de partida, porque refleja el estado de situación de las comunicaciones en sus diferentes aspectos. Su abordaje está repartido en seis capítulos en los que se repasa el panorama global y el diagnóstico local de las redes de comunicaciones, como también la competencia, la cadena de valor, las brechas y el financiamiento, a la vez que se analiza y actualiza el plan a futuro.
En el caso de esta edición, se presentaron los datos recabados hasta fin de 2024 y refleja, por ejemplo, que el número de accesos móviles se mantuvo estable en el último quinquenio, y que la tendencia es lograr una penetración total en sintonía con las tendencias globales.
“El mercado móvil muestra una maduración de la oferta, con la expansión de los servicios de pospago, que han superado a los de prepago (incluyendo a las personas jurídicas), y con el 85,9 por ciento de los terminales con acceso a banda ancha (4G y 5G)”, dice el balance.
La red móvil se reparte, de forma mayoritaria, entre Claro, TIM y Vivo, y llega a la totalidad de las sedes municipales brasileñas, donde la tecnología 4G está presente en todos (5.570 municipios). Pero también hay 21.525 localidades en las que no existen sedes municipales aún cuando están mapeadas por el IBGE, de las cuales se identificó que el servicio móvil 4G o superior está activo en 13.602 localidades.
Además, la red troncal de fibra óptica, que prestó servicio al 48,2 por ciento de los municipios en 2015, cerró 2024 con servicio al 76,5 por ciento, es decir, llega a 4.363 municipios brasileños donde se reúne el 94,3 por ciento de la población brasileña.
Con todo, el país posee 122.208 kilómetros de carreteras federales en las que hay un 49,8 por ciento de cobertura 4G y donde 5G se extiende a lo largo de 13.520 km de carreteras.
También da cuenta que los servicios de telecomunicaciones residenciales (TV y telefonía fija) registraron muchas afectaciones al servicio pero que no impactaron de forma negativa en el crecimiento de los servicios de banda ancha fija, cuya penetración es del 24,7 por ciento.
Los accesos de fibra óptica también se multiplicaron: representan el 77,1 por ciento del total de los accesos, con un impacto positivo en la velocidad media nacional (contratada) que alcanzó los 447 Mbps en 2024. A su vez, los accesos de banda ancha fija con velocidades superiores a 34 Mbps representan el 92,4 por ciento del total de accesos.
En materia de brechas, aunque el país trabaja en la penetración de servicios de comunicación, la desigualdad de acceso persiste, sobre todo en las regiones Norte y Nordeste del país. Las menos habitadas. Algo similar ocurre con la alta velocidad de las comunicaciones que varía según sea la región dependiendo de la capilaridad lograda en materia de robustez de infraestructura.
De las brechas también se precisa que hay 1.207 municipios sin red de fibra óptica, la mayoría en las regiones norte y noreste del país, además de municipios del estado de Minas Gerais.
Un punto interesante radica en la identificación de diversas fuentes de financiación disponible para vehiculizar los proyectos, entre los que se destaca la revisión del modelo de concesión del Servicio Telefónico Fijo Conmutado (STFC), los Términos de Ajuste de Conducta (TACs), las licitaciones de radiofrecuencia, las desgravaciones fiscales y el Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones (FUST); pero también repiensa el cálculo del valor de los proyectos.
En todo este horizonte, el regulador también subrayó la relevancia de la infraestructura satelital, sobre todo al ponderar que debe ser empleada en las políticas públicas tendientes, sobre todo, a garantizar la inclusión digital en áreas remotas. Y, además, refrescó acerca del gran valor que supuso apostar por 5G en el país, que la banda ancha fija evoluciona y que el mercado minorista de banda ancha fija es altamente competitivo.
¿Cuál es el plan? El PERT propone avanzar con siete proyectos estructurales, que van desde el despliegue de fibra óptica en los 1207 municipios desatendidos, apelar al uso de tecnologías alternativas como la radio satelital e IP, y expandir la red móvil en zonas rurales y carreteras. El objetivo final es que el número de hogares con Internet de banda ancha pase de los 65,4 millones registrados en 2021 a los 91,7 millones en 2027.
Con todo, el reporte ofrece mucha información estratégica a lo largo de sus más de ochenta páginas, disponibles aquí.
Regulación ad hoc para la competencia legal
Fomentar la competencia o combatir la competencia desleal y regularizar la prestación de servicios de banda ancha fija es la nueva medida que publicó la Agencia en la Resolución Interna 449, en la que se busca ofrecer condiciones de igualdad y seguridad jurídica a la industria.
“En los últimos años, los Pequeños Proveedores (PPP) han cobrado relevancia en el mercado brasileño de banda ancha fija, representando más del 53 por ciento de los accesos en 2023, especialmente en regiones con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) y un Producto Interno Bruto (PIB) más bajos. Sin embargo, la creciente actividad de empresas informales y clandestinas, que prestan servicios sin cumplir con las normas de Anatel, ha generado riesgos para la competencia, la infraestructura y la ciberseguridad, además de perjudicar a los consumidores y a los proveedores tradicionales”, dijo el organismo.
También aportó datos que pincelan ese escenario: más del 41 por ciento de las empresas autorizadas a prestar SCM no presentaron la información obligatoria sobre el número de accesos, cifra que supera el 55 por ciento entre las exentas de la autorización que, mediante el plan aprobado, se busca normalizar.
Se prevé, por ejemplo, que todos los proveedores actualicen la información de acceso a la red y los datos de registro, bajo pena de exclusión del registro e inspección. El plazo es de 120 días y quienes no lo hagan, verán cancelados sus registros y podrán ser objeto de acciones de inspección para investigar actividades clandestinas.
Además, la Agencia prevé controlar la infraestructura y hasta cruzar datos que permitan bloquear el acceso a empresas no autorizadas. También se analiza la creación de un sello público para identificar a los proveedores habituales; mejorar los canales de denuncia, con protección de la identidad del denunciante; y el desarrollo de campañas de concienciación y cooperación institucional.
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