Perú adjudicó espectro 5G en la segunda mitad de 2025: Claro, Bitel, Entel Chile y la flamente Integratel (ex Telefónica del Perú) se hicieron de diversas porciones de espectro.

El regulador definió un mecanismo de asignación directa, lo que fue toda una novedad en materia de distribución de espectro para este país. El proceso se concretó a principios de agosto. Se dio en simultáneo a una revisión de la regulación existente donde se busca la simplificación normativa para favorecer inversiones y despliegues. Una de las novedades introducidas en este 2025 fue la puesta en marcha de sandboxes regulatorios para expandir la conectividad a través de soluciones innovadoras.

En la primera mitad de 2025, la noticia más importante fue la compra de Telefónica del Perú por parte de la empresa argentina Integratel que debutó en el mercado de las telecomunicaciones de este país al acceder a importantes participaciones de mercado. La ex Telefónica resignó su liderazgo en el mercado de la banda ancha fija y de la TV paga, aún cuando se encuentra en plena contracción, a tono con las tendencias globales. En el segmento móvil, la nueva empresa también se ubicó en la segunda posición, detrás de Claro, aunque con poca diferencia.

La dinámica del negocio móvil es vital para este país porque se trata de la tecnología que permite a la mayoría de la población conectarse a Internet. En este escenario, el rol tomado por el proyecto Internet para Todos fue vital para brindar acceso a las comunidades más alejadas.

La banda ancha fija continúa teniendo una baja penetración de mercado en relación a otros países de la región. No obstante, cuenta con una ventaja comparativa: la mayoría de los accesos existentes son de fibra óptica, lo que está dotando a este país de conectividad de alta calidad. El ingreso de nuevos operadores, como Optical Networks – Wi-Net, Fiberlux-Fiberline y Mi Fibra fue vital para este cambio.

La gran deuda pendiente de Perú pasa por la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica (RNDFO). Tras resolverse el contrato de Azteca Comunicaciones, a cargo de su operación, a mediados de julio de 2021, las convocatorias para encontrar a un remplazante han fracasado por distintos motivos, y es el Estado el que, en definitiva, se está ocupando de esa tarea aún cuando la normativa vigente lo prohíbe.