Telefónica y Portugal Telecom negocian una salida para Vivo antes que venza la oferta española

Este viernes 16 de julio finaliza el plazo de la última oferta por 7.150 millones de euros presentada por Telefónica a Portugal Telecom (PT) por su participación en Brasilcel, controlador del operador celular brasileño Vivo. Ambas empresas abrieron el diálogo para buscar un desenlace, pero de no llegarse a un acuerdo por la operación, Telefónica podría llevar el caso a instancias de arbitraje internacional. El consejo de administración de PT se reunirá hoy para intentar hallar una salida al conflicto, tras el veto del Gobierno de Portugal a la propuesta de los españoles.

El pasado 30 de junio, la asamblea de accionistas de PT se volcó a favor de aceptar la oferta de Telefónica por la participación en Brasilcel, con un 73,9 por ciento de los votos presentes. Pero a pesar de la votación, el Gobierno portugués empleó los derechos de su acción de oro (golden share) y vetó la decisión.

Posteriormente, el uso de la acción de oro en PT fue declarado ilegal por la justicia europea. El 8 de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió, en consonancia con antecedentes similares en países del continente, declarar ilegal el uso de esta herramienta por vulnerar la libre circulación de capitales.

Por su lado, el Gobierno luso respondió que respetará la decisión del tribunal europeo, pero que analizará las formas disponibles para “salvaguardar los intereses nacionales”. Pedro Silva Pereira, Ministro de Gabinete, precisó que “El Gobierno naturalmente respeta la decisión del Tribunal de Justicia y analizará la mejor forma de cumplirla. El Estado buscará soluciones que permitan el respeto total del derecho de la Unión Europea (UE) pero que también salvaguarden los intereses nacionales”. Sin embargo, el funcionario agregó que “sólo después de un análisis jurídico más profundo podremos pronunciarnos sobre los posibles escenarios”.

Mientras tanto, el reloj continúa su marcha, y Telefónica busca alternativas que le permita llevar a buen puerto sus planes lo antes posible la adquisición de PT en Vivo. Los españoles aseguraron que están dispuestos “a continuar la búsqueda de soluciones posibles para llevar a buen término la operación, en la medida en que exista disponibilidad de PT para estos efectos, y de modo que las partes interesadas se sientan confortables”: A su vez, PT indicó que “está disponible para dialogar con Telefónica para analizar opciones que optimicen las ventajas para todas las partes”.

En este sentido, se espera que hoy, jueves 15 de julio, el consejo de administración de PT se reúna para tratar alternativas, con miras al vencimiento de la oferta de Telefónica, previsto para mañana, 16 de julio. Pero el Gobierno de Portugal ya ha advertido que no se quedará quieto. “El Gobierno continuará atento al desarrollo de todo el proceso y hará la intervención que considere oportuna en relación a los intereses vitales del país”, dijo, respecto a las negociaciones entre las empresas, el ministro de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones de Portugal, Antonio Mendonça.

De acuerdo con diversos medios de prensa, Telefónica tiene preparado un plan alternativo para el caso de no llegar a un acuerdo con PT para la adquisición de Vivo. El grupo español acudiría al tribunal arbitral de La Haya (Holanda), con el fin de disolver la sociedad con la empresa portuguesa en Brasilcel, repartiéndose las acciones del operador, para posteriormente intentar alcanzar el control de Vivo mediante la compra de las acciones en manos de tenedores minoritarios. Sin embargo, los expertos de la industria ven algunos riesgos para Telefónica en esta estrategia. Uno de ellos es el factor tiempo: una resolución del caso podría demorar incluso años.

Otra posibilidad es que PT se adelante en la compra a los accionistas minoritarios, tomando el control de Vivo. Según el medio español Cinco Días, una operación de este tipo le demandaría a los portugueses un costo de poco más de 300 millones de euros, teniendo en cuenta las cotizaciones actuales. Analistas citados por Cinco Días afirman que con 1.500 millones de euros, los portugueses podrían bloquear a Telefónica.

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