Caso Fibertel: sigue la tensión y se espera respuesta de Cablevisión ante la Justicia

El enfrentamiento entre el Gobierno y el grupo Clarín por el caso de Fibertel incrementó su carácter público en los últimos días. Es que luego de que el Gobierno declarara, a través de la resolución 100/10 de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) del 19 de agosto, la caducidad de la licencia de Fibertel para prestar servicios de banda ancha, el choque y los argumentos de ambas partes cobró su lugar en los medios.

En una primera solicitada, Cablevisión —la empresa de televisión paga del Grupo Clarín—, afirma que su servicio es legal. Sostiene que Cablevisión es pleno y legítimo titular de la licencia para brindar el servicio de Internet bajo la el nombre comercial de Fibertel, tras la reorganización societaria concretada en 2003. El cableoperador sostiene que Fibertel ya no es una empresa, sino una marca comercial, y que Cablevisión es continuadora universal de los derechos y obligaciones de Fibertel. Además, indica, el proceso de reorganización societaria fue aprobado e inscripto por la Inspección General de Justicia.

Por su lado, la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) volvió a remarcar que la caducidad de la licencia “es una sanción ante la inexistencia de la persona física titular de la licencia, toda vez que de manera unilateral y sin autorización previa de la autoridad de aplicación la empresa Fibertel se disolvió y fue absorbida por la empresa Cablevisión Sociedad Anónima”. De acuerdo con el regulador, la disolución de Fibertel como titular de la licencia ocurrió el 15 de enero de 2009, y desde ese momento, Cablevisión ha venido usando “por decisión propia una licencia que no estaba autorizada a usufructuar”. La CNC aclara que en el marco regulatorio argentino no hay transferencias automáticas o de pleno derecho de las licencias y registros de servicios de telecomunicaciones.

Así, el regulador expresa que para el Estado, Fibertel no es una marca o nombre comercial, sino que era la sociedad anónima titular de la licencia, es decir, una persona jurídica que no podía transferir sus derechos a otra persona jurídica sin autorización previa de la Secretaría de Comunicaciones (Secom). Allí, la CNC aclara que la autoridad de aplicación no es la Inspección General de Justicia.

Estas dos posiciones se refieren al núcleo de la discusión, centrada en el cuestionamiento a la validez de la declaración de caducidad. En este sentido, se espera que la empresa recurra a todas las instancias de apelación que le sean posibles.

Pero más allá de eso, la discusión abarcó muchos otros cruces derivados de la cuestión central. Así, Cablevisión acusa al Gobierno, en una segunda solicitada, de “atacar a sus clientes, reducir drásticamente la competencia y consagrar el monopolio de las telefónicas”. El cableoperador manifestó que la medida busca afectar a su más de un millón de clientes, impidiéndoles elegir libremente su proveedor de Internet.

En tanto, la CNC dio a conocer un listado de 200 proveedores de Internet alternativos para los clientes de Fibertel que comiencen la migración —ya que, de acuerdo con la resolución 100/10, Cablevisión deberá dar de baja su servicio en 90 días—. Este listado también fue cuestionado por Cablevisión, que sostiene que muchos de los posibles proveedores alternativos indicados por el Gobierno son “inexistentes, otros no operan en Internet y la gran mayoría son subsidiarias de las grandes telefónicas”. Según el cableoperador, es erróneo que otras empresas sean capaces de absorber 1,1 millones de clientes, porque “no sólo es imposible técnicamente” sino que “no existen en el mercado redes alternativas con estándar de calidad y ancho de banda comparables a los de Cablevisión-Fibertel”.

El hecho de que la pulseada se haya encauzado hacia lo que ocurrirá con los usuarios luego de la resolución es lógico, un interrogante natural teniendo en cuenta que Cablevisión tiene aproximadamente un 25 por ciento del mercado. Otros operadores, entre ellos las cooperativas de telecomunicaciones, se manifestaron capaces de absorber la demanda de acceso a Internet. Mientras tanto, el Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires) a cargo del juez Alfredo López, ordenó como medida cautelar tanto al Estado como a Cablevisión asegurar al servicio a los usuarios. Sin embargo, según el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido —citado por el diario argentino Infobae—, el fallo no cuestiona la resolución.

El enfrentamiento entre el Gobierno y el Grupo Clarín marca en una forma decisiva el tenor del conflicto puntual por la caducidad de la licencia de Fibertel. Hasta el momento, en ningún medio se ha mencionado la posibilidad de llegar a un arreglo o subsanar el conflicto en una manera menos drástica. Por ejemplo, la posibilidad de que Cablevisión o una subsidiaria, pueda obtener una licencia para continuar prestando el servicio. O de que una tercera empresa pueda ofrecer el servicio a través de las redes del cableoperador. Un aspecto que parece haber pasado desapercibido es la importancia de la red de Cablevisión. Es decir, si la empresa se queda sin licencia, ¿su red de datos quedará completamente ociosa?

El conflicto está aún en una etapa naciente, y se espera todavía la respuesta de Cablevisión, que sin duda acudirá a la Justicia para intentar frenar la decisión del Gobierno. Por el momento, parece difícil que la tensión disminuya y se logre una salida pacífica a la contienda.

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