El presidente del Tribunal Regional Federal de la Segunda Región, juez Paulo Espirito Santo, suspendió ayer, por una apelación de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL), la medida cautelar impuesta por el Tribunal Federal de primera instancia de Río de Janeiro, que prorrogaba por 30 días más la consulta pública del Plan General de Metas de Universalización (PGMU). El juez dictaminó que la prórroga volvería inviable en la práctica la aplicación del PGMU en 2011 lesionando los intereses públicos. La suspensión se había otorgado por un pedido de medida cautelar presentado por el Sindicato Nacional de las Empresas de Telefonía y del Servicio Móvil Celular y Personal (SindiTelebrasil).
La representación gremial de las incumbentes protestó porque consideraron que no se respondieron aspectos relacionados a la inversión para cumplir con las metas propuestas.
El plazo de consulta pública del PGMU venció el dos de octubre y se mantuvo abierto por 122 días, digo la ANATEL. Además el regulador señaló que de postergarse 30 días más no podría implementarse, previo decreto presidencial, para el uno de enero de 2011. La propuesta del PGMU impone a las concesionarias para el periodo 2011-2015 metas que incluyen la instalación de nuevos teléfonos públicos en alrededor de 79.000 escuelas, en 14.200 centros de salud en zonas rurales, cerca de 8.900 en asentamientos de trabajadores rurales, 4.366 aldeas indígenas, 1.622 puestos de las Fuerzas Armadas y 209 de la Policía de tránsito, entre otros sitios. Se reduce a 4,5 teléfonos públicos por cada 1.000 habitantes, frente a los 6 cada 1.000 de lo establecido en la actualidad.
Además, las incumbentes deberán ofrecer planes de servicio en zonas rurales y plan de Acceso Individual Clase Especial orientado a la población de bajos ingresos. También, en relación a la banda ancha el PGMU dispone el aumento de la capacidad del backhaul con un incremento de la velocidad en cuatro veces.
