Si hay algo que demostró en sus tres meses la actual gestión a cargo de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) es un mucho mayor dinamismo que la anterior en sus siete años a cargo. La semana pasada se destacó por la publicación del “Reglamento de calidad de los servicios de telecomunicaciones”, a través de la resolución 5/2013.
La llegada de este reglamento es más que bienvenida. No se puede administrar lo que no se mide. Y el reglamento es bastante claro en cuanto a los parámetros que se utilizarán de aquí en más para medir la calidad. Si bien es difícil opinar si los parámetros utilizados son realistas (cosa que sólo pueden determinar los técnicos en telecomunicaciones) sabiendo que están basados en experiencias de otros países así como en las recomendaciones de organizaciones internacionales de telecomunicaciones, deberían serlo.
Por lo tanto, el reglamento servirá para tener un parámetro cierto de la calidad de los servicios, tanto desde una perspectiva técnica como comercial. Ya no habrá lugar para los relativos “el servicio es bueno” o “el servicio anda mal”. Visto así, el reglamento significa un gran paso adelante, y lo único que se puede criticar es que no hubiera llegado antes.
Conviene destacar que el reglamento afecta a todas las empresas de telecomunicaciones. Vale esta aclaración porque en los medios se asoció este anuncio con las empresas de telefonía celular, aunque en realidad involucra tanto a éstas como a telefónicas y proveedores de servicios de Internet (ISP). Pero más allá del propio reglamento, resultó interesante observar el contexto en el que el mismo llega.
Frente a los problemas actuales con el servicio, particularmente en el caso de las móviles, es claro que hay dos posturas. La del Estado, acusando a las empresas de no invertir lo suficiente, y la de las empresas, que reclaman espectro adicional y una mayor facilidad para la instalación de antenas. Ambas no son incompatibles (inclusive están relacionadas) y deberían ser abordadas en simultáneo.
En relación con la postura del Estado, en la presentación del reglamento, el secretario mencionó que el nivel de inversión de las empresas era bajo, situándolo alrededor de entre el ocho y 10 por ciento de los ingresos. Esto motivó que Telecom, en una gacetilla de prensa en la que da la bienvenida al reglamento, aprovechara para desmentir esta afirmación aclarando que en los últimos cinco años su promedio de inversiones llegó al 17 por ciento de los ingresos. Para 2012, los resultados de Telecom muestran inversiones por 3.257 millones de pesos sobre ventas de 22.117 millones de pesos, lo que equivale al 15 por ciento.
Por el lado de Telefónica, también para 2012, en sus resultados se indica que la inversión es de aproximadamente el 14 por ciento (519 millones de euros sobre ingresos de 3.697 millones de euros). En el caso de Claro, la información de América Móvil disponible en la web no hace una apertura de ésta por país. Pero viendo las diferencias en las cifras, queda la duda de si el Estado está midiendo las inversiones de forma distinta o si se produjo algún error en su determinación. Por otra parte, en el anuncio, el secretario mencionó que aproximadamente apenas un 37 por ciento de las celdas tienen tecnología 3G y afirmó que su objetivo es que esta relación suba al 50 por ciento en seis meses. Sería muy bueno que así fuera.
En relación con el espectro, desde el Estado está instalándose el mensaje de que para hablar de nuevas licitaciones de espectro para 4G, primero tienen que funcionar bien 2G y 3G actual. En realidad, no debería haber una secuencia en la resolución de ambos temas sino que sería aconsejable que ambos se manejen en paralelo. Admitiendo que pudieran hacerse algunas mejoras en las redes actuales (con más inversión, con más antenas), el espectro disponible es a todas luces insuficiente para ser sostenible en el mediano plazo.
Sin considerar las asignaciones realizadas en el último año, en Brasil y Europa los operadores disponen de un 100 por ciento más de espectro, Chile un 52 por ciento más y en Estados Unidos un 221 por ciento más. Esto se ve agravado con el aumento del tráfico de datos, que se ubicó en valores porcentuales que van desde dos a tres dígitos según el operador, sólo en el último año.
Queda claro que a este ritmo, y más allá de lo que se mejore la red 3G, ésta indefectiblemente quedará chica. Adicionalmente hay que tener en cuenta que la puesta en funcionamiento comercial de los servicios de 4G llevará un tiempo, considerando el llamado a licitación, la asignación y el despliegue de las redes. Por lo tanto, si se retrasa este inicio, más lejos estará en el tiempo su llegada, que servirá sin dudas para descomprimir la situación actual.
También será necesaria una solución al tema de las antenas, las cuales muchas veces encuentran trabas a su instalación a nivel municipal. Evidentemente, será necesario un reglamento a nivel nacional que unifique los criterios y requisitos para su instalación. De esta forma, se simplificará el proceso, al tiempo que requerirá de inversiones adicionales por parte de las empresas en este rubro.
En definitiva, el Estado y las empresas deben trabajar en conjunto para ir resolviendo en paralelo los temas de la agenda: inversiones, antenas y espectro. Tratar de hacerlo en forma secuencial sólo dilatará el tiempo en llegar a las soluciones. A nadie, ni al Estado, ni a las empresas, ni a los consumidores, le sirve un enfoque secuencial.
