Los subsidios móviles suben al banquillo de los acusados

Pocos temas generan divisiones de criterio tan profundas en la industria de las telecomunicaciones como los subsidios móviles. Sus detractores argumentan que son anacrónicos y estrangulan tanto a las finanzas de los operadores. Sus defensores, en cambio, destacan el rol que cumplen en la masificación de nuevas tecnologías. Ambos están, al menos parcialmente, en lo correcto.

Mucho ha cambiado desde 1991, cuando la tecnología GSM debutó tímidamente de la mano del operador finlandés Radiolinja ―­actual Elisa―. De acuerdo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), 2014 cerró con cerca de 7.000 millones de líneas celulares a escala mundial, con una marcada preponderancia de dispositivos 2G.

Esto se ha convertido en un problema dado que, a pesar de las diferencias que imponen las realidades de los diversos países, incrementar el ARPU de datos se ha convertido en un imperativo para buena parte de los operadores. Y esta meta sólo se puede conquistar cabalmente a través de la masificación de terminales inteligentes compatibles con redes 3G y/o LTE. ¿Son los subsidios la única vía?

Durante una década, esta práctica se convirtió en una de las principales estrategias de los operadores para extender su dominio. Fue recién, tres años atrás, que un puñado de reguladores latinoamericanos consideró necesario juzgar los méritos de la tan controvertida atribución de la industria.

Chile, el precursor. En 2012, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) chilena dictaminó que los contratos de servicios debían ser independientes de aquellos suscriptos por los terminales.

El objetivo de la medida era prevenir que la compra de dispositivos esté atada a contratos de permanencia o exclusividad con un operador en particular, con vistas a dinamizar la implementación de la portabilidad numérica, que arrancó ese mismo año.

Sin embargo, Oscar Cabello, director ejecutivo de la consultora Alfacentauro, no cree que la medida haya provocado un cambio sustancial en el mercado chileno. “El de los subsidios fue un buen modelo cuando a la telefonía móvil había que masificarla”, dice. “Era una fuente de financiamiento. Yo lo encuentro malo para las compañías, pero no se dan cuenta de ello y defienden mucho la posibilidad de subsidiar el terminal”, agrega.

Además, existen sospechas de vulneraciones al sistema. A finales de enero, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) envió oficios a los operadores móviles en los cuales admitió que indaga sobre posibles infracciones a la normativa vigente.

Entre las supuestas contravenciones investigadas, se encuentra la existencia de subsidios a la compra de terminales a través de la firma de contratos de exclusividad y la venta de celulares que sólo son compatibles con las bandas concesionadas al operador que los comercializa, entre otras.

La solución salomónica peruana. El Organismo Regulador de Inversión en Telecomunicaciones (Osiptel) prohibió la venta de celulares bloqueados a partir del 2 de enero de 2015.

La entidad también hizo extensiva la norma a los usuarios con contratos vigentes, que podrán tramitar el desbloqueo de sus terminales de forma presencial en las oficinas de sus respectivos operadores o por teléfono.

Asimismo, se decidió que los contratos de servicio solo podrán estar vinculados a equipos cuando se ofrezcan beneficios a los clientes en términos de tarifas o condiciones del plan.

Si el usuario decide portar su línea pagará una penalidad calculada sobre la base del saldo del precio de venta de los equipos en modalidad prepago con un tope fijado por Osiptel.

Según el regulador, esta norma surge con la finalidad de generar una mayor competencia y dinamismo en el mercado de los servicios públicos móviles para eliminar “una práctica que ha limitado y distorsionado el derecho de los abonados a la libre elección, como es la restricción de acceso a otros operadores en los equipos terminales móviles”.

“Creemos que Osiptel ha llegado a una solución intermedia que es interesante”, detalló Carlos Huamán Tomecich, CEO de DN Consultores “El bloqueo opera pero los operadores pueden ofrecer promociones y si el cliente decide irse está habilitado para cobrarle el precio regular del equipo”.

Colombia analiza la letra chica. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) vedó en julio de 2014 la posibilidad de que los operadores móviles suscriban contratos con cláusulas de permanencia mínima.

Al igual que en el caso chileno, la medida estipula la suscripción de contratos separados e independientes para el plan de servicio y la compra del equipo. También prohíbe que se condicione la prestación del servicio a la venta del celular y destaca que no se podrán suspender las prestaciones contratadas por demoras en su pago.

Aunque la decisión mantiene las cláusulas de permanencia suscriptas antes de la entrada en vigencia de la norma, obliga a las empresas a incluir en la factura mensual la información pertinente al precio de venta del equipo y las cifras abonadas por ese concepto, entre otros datos.

Desde la CRC, aseguran que, tras la entrada en vigencia de la medida, se amplió la oferta de equipos móviles, principalmente en gama media y baja con tecnología 3G y 4G LTE, con precios por debajo de los 200 dólares, así como la entrada de nuevas marcas que anteriormente no se vendían en el país.

Por su parte, la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) manifestó su desazón al afirmar que, gracias a la norma, se elevaron los precios de los equipos en más de un 30 y 40 por ciento en las gamas altas y en un 50 por ciento en las gamas media, motivando una caída promedio del 50 por ciento de las ventas y activaciones de equipos celulares durante su primer mes de vigencia.

México, a la expectativa. Telcel, la subsidiaria celular de América Móvil, ha encontrado en la eliminación parcial de subsidios en los terminales que comercializa un remedio para el impacto económico que supuso la declaración de preponderancia.

Cabe recordar que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) obligó al operador a entregar teléfonos desbloqueados en el caso de contrataciones en modalidad de prepago, mientras que en postpago esta medida se implementará una vez abonado el costo total del equipo.

Pero ahora, además, se abre una nueva etapa en las telecomunicaciones mexicanas gracias al arribo de AT&T, que desembarca en el país tras la adquisición de los operadores Iusacell y Nextel.

En su tierra natal, la estadounidense siguió el camino abierto por T-Mobile, que eliminó en 2013 los subsidios como parte de su estrategia Un-Carrier y dispuso contratos separados para servicio y terminal, permitiendo a los usuarios sobrellevar la carga del precio minorista con planes de pagos de 25 cuotas.

“El primer trimestre (de 2015) fue un paso importante en un año de transformación para AT&T”, admitió Randall Stephenson, presidente y CEO de la compañía. “El reposicionamiento de nuestra base de clientes móviles a los planes sin subsidios de dispositivos condujo a un churn postpago líder en la industria”, añadió. Está por verse cómo se implementará este plan al otro lado del Río Bravo.

Opiniones divergentes, sentencia convergente. “La penetración de smartphones en Perú es muy baja”, subrayó Huamán Tomecich. “Si uno mira la curva de ciclos de vida de la banda ancha estamos en una etapa embrionaria. Por lo tanto, el mercado crea todas las condiciones para que, a nivel comercial, todavía el subsidio sea necesario. Los operadores no lo ven como algo malo, es un imperativo estratégico”, sostuvo.

En la otra vereda ―con un Chile que registra 61 por ciento de penetración de smartphones― se ubicó Cabello. “La venta de terminales unida con el servicio es un muy mal negocio para las telefónicas. Ellos los mantienen como una política de captura de clientes pero yo creo que pierden una fortuna. No se han dado cuenta de eso. Hoy en día, con la madurez del mercado, les convendría olvidarse de la venta de terminales, que las vendan otros”.

A pesar de las disidencias, ambos parecen coincidir en algo: el subsidio constituye una barrera competitiva para operadores más pequeños y MVNOs que a menudo se encuentran en desigualdad de condiciones respecto a grandes multinacionales como Telefónica y Claro, empresas capaces de endulzar sus ofertas con servicios empaquetados y tarifas promocionales. En estos casos, es necesario contar con autoridades regulatorias fuertes para poder hacer frente a las múltiples asimetrías que plantea este modelo.

Andrés Krom se graduó en la Tecnicatura de Periodismo de TEA (Buenos Aires). Durante su carrera trabajó en varios medios de comunicación online en el sector de tecnología y telecomunicaciones. Sus artículos han sido replicados por importantes medios gráficos en países como Argentina, Bolivia, Nicaragua, Panamá, Venezuela y publicaciones regionales.

Recuperar contraseña

Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.