El Plenario del Supremo Tribunal Federal (STF) juzgó procedente una acción presentada en contra de la ley que obligaba la instalación de bloqueadores celulares en centros penitenciarios de Piauí y la declaró inconstitucional por unanimidad. La decisión llega en un momento particular, pues legisladores de Brasil aprobaron en marzo el tratamiento urgente de un proyecto que busca que operadores se ocupen de bloquear señales en cárceles en todo el país.
La normativa había sido aprobada en 2016 y daba a los prestadores de telefonía móvil 180 días para instalar la tecnología que haga posible el bloqueo de señales en cárceles de ese estado del nordeste brasileño. La declaración del tribunal tomó como precedentes otras admisiones de recursos en contra de procesos de igual índole, que involucró a los estados de Mato Grosso del Sur, Paraná, Bahia, Santa Catarina y Mato Grosso.
El recurso había sido presentado en septiembre de 2016 por la Asociación Nacional de Operadores Celulares (ACEL), con el argumento de que el Estado no puede transferir a las empresas la obligación de velar por la seguridad pública. Indicó también que la norma iba en contra de la Constitución Federal, que en sus artículos 21 y 22 impide a los privados legislar sobre telecomunicaciones.
El debate sobre las señales celulares en cárceles es recurrente en la región y se basa en tres puntos: afectación a quienes viven cerca de los centros penitenciarios, violación de los derechos de los prisioneros a comunicarse y responsabilidad a la hora de concretar el bloqueo de señales. En Costa Rica, por ejemplo, avanza un proyecto de ley según el cual el bloqueo estará a cargo de los operadores, que ya se quejaron de que se les traspase una responsabilidad que las fuerzas de seguridad no pueden cumplir.
