Con la firma del presidente, Carlos Alvarado, se aprobó de forma definitiva la ley que bloquea la señal celular en centros penitenciarios de Costa Rica. Los operadores, que habían pedido en discusiones previas “que no se los responsabilice por algo que las fuerzas de seguridad no pueden cumplir”, tendrán nueve meses para adecuarse a la medida.
En concreto, la normativa modifica el artículo 49 de la ley de Telecomunicaciones añadiendo un ítem a las obligaciones que tienen los proveedores móviles. Desde mayo de 2019 deberán “adoptar y aplicar los procedimientos y soluciones técnicas que sean necesarias para impedir la prestación de los servicios inalámbricos disponibles al público al interior de los centros penitenciarios (…) garantizando que no haya afectación al servicio de la población residente y usuarios de las zonas aledañas”.
El mismo artículo señala que quedan incluidas unidades de atención integral, centros penales juveniles y cualquier otro centro de atención institucional del Sistema Penitenciario Nacional. Asimismo indica que los pormenores de su aplicación serán determinados en el reglamento, cuya redacción quedó a cargo de tres ministerios, entre ellos el de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones..
El Organismo de Investigación Judicial expuso como argumentos de la norma que entre 2014 y 2016 se presentaron desde los centros penitenciarios 613 delitos de timo y 354 de estafa a pesar de que aumentó “considerablemente” la cantidad de celulares decomisados por la fuerza policial en cárceles. “Esto es un avance en la lucha contra la delincuencia desde el interior de los centros penitenciarios, una herramientas más que nos ayudará en la lucha por una mejor seguridad para la ciudadanía”, añadió la ministra de Justicia y Paz, Isabel Porras.
