Argentina y México dejan de manifiesto la importancia de los reguladores en impulsar redes comunitarias

El contexto latinoamericano da motivos para seguir hablando de redes comunitarias. La mitad de las personas están desconectadas y solo el 33 por ciento accede a una red móvil. De los otros dos de cada tres, el 10 por ciento se encuentra fuera de áreas cubiertas y el resto no accede por distintas cuestiones, entre ellas el precio. Las cifras fueron presentadas a principios de año por GSMA en un evento en la que se habló de desconectados como sinónimo de postergados. Las redes comunitarias pueden ser parte de la solución a los problemas que están a la vista y que todos coinciden que deben resolverse, pues empeora con el tiempo.

De los tres desafíos de los que habló en torno a este concepto el representante de Internet Society, Sebastián Bellagamba, nos concentraremos en uno. Él menciono por un lado la política regulatoria, en cuanto a licencias y financiamiento de proyectos, las capacidades técnicas y la formación de una comunidad regional para entender qué se requiere en cada caso. Si se deja de lado lo que corresponde más a quienes se ponen al hombro los proyectos, vale poner el foco en cómo ellos son acompañados por los responsables de regular las telecomunicaciones en esta parte del mundo.

Dos casos ayudan a medir cómo afectan las decisiones de los organismos a los proyectos de redes comunitarias. El primero es Argentina, al que a simple vista se podría presentar como el positivo, y el otro es una decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que, según se registra, puso en riesgo una iniciativa puesta en marcha con el objetivo de dotar de servicios móvil a zonas indígenas del sur mexicano.

Agustín Garzón ya decía a principios de año que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) preparaba un proyecto de redes comunitarias que contemplaba licencias gratuitas para redes comunitarias y eximir de pagos y gastos a los interesados de desplegarlas. El documento era necesario porque, agregó Garzón, el 60 por ciento de las localidades con menos de 5.000 habitantes no tiene proveedor de Internet que preste servicios.

El proyecto se convirtió en resolución a mediados de agosto en Argentina y fue celebrado por Internet Society. “Apoyar y crear el entorno habilitante para que las comunidades construyan sus propias conexiones debe ser un objetivo de un gobierno en esta era de la sociedad digital”, consideró Bellagamba. No se conoció la opinión de los operadores sobre esta iniciativa particular pero sí de las redes comunitarias en general: son una posible solución para actuar como complemento a los despliegues de los operadores, pero no para suplantarlas, indicó Asiet a TeleSemana.com.

Lo cierto es que la normativa vigente en Argentina permitió a Enacom entregar la primera licencia  para redes comunitarias. Fue entregada a la asociación civil Altermundi para prestar servicios en algunas localidades de Córdoba. La entidad se encargó de comprar los materiales y los equipos necesarios mientras que los vecinos se ocuparon de la mano de obra, dijo su presidente Nicolás Echaniz en diálogo con Télam.

En México, en tanto, el operador Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias (TIC) obtuvo un título de concesión para instalar una red de telefonía móvil para comunidades de Chiapas, Veracruz, Guerrero, Puebla y Oaxaca. La empresa presta servicios por 40 pesos (dos dólares) mensuales. Pidió la exención del pago por derechos de uso de ese espectro y el IFT se lo negó. Según el medio Sin Embargo el servicio estuvo “a punto de desaparecer” hasta que una jueza avaló el pedido de TIC. El regulador y la Cámara de Diputados apelaron la decisión judicial y se inició un proceso de revisión que aún se mantiene.

En marzo la OEC e Isoc firmaron un acuerdo de colaboración para crear al menos 15 redes comunitarias para llevar servicios a zonas rurales y remotas de las Americas para 2020. La urgencia toca la puerta de una región con índices altos de necesidades insatisfechas. Las redes comunitarias llegan, quizás, a salvar a parte de los desconectados. El tiempo apremia y las decisiones regulatorias funcionan como catalizadores (o no) de los procesos. Depende de sus autoridades ser positivos o negativos y de todo el ecosistema que la acciones resulten en buenas noticias para los postergados.

Nicolás Larocca
Nicolás Larocca es Técnico Superior en Periodismo (TEA) y Locutor Integral (ISER). Durante su carrera profesional se desempeñó en diferentes medios radiales, digitales y en gráfica como productor de contenidos, redactor y analista. Tiene conocimientos en comunicación interna, deportes, bancos y seguros, y desde 2013 se especializa en el mercado de las telecomunicaciones a escala regional.

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