Con nuevo reglamento en mano, Perú apunta a triplicar el bloqueo de celulares irregulares o robados

Tras algunas semanas de espera, el Ministerio del Interior de Perú aprobó cambios en el reglamento que creó el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad. Si bien no hubo modificaciones drásticas, de la aprobación dependía que se vuelva a poner en marcha el bloqueo de terminales con IMEI inválidos en el país. La nueva versión de la normativa fue publicada en el diario oficial el pasado cuatro de abril.

“Cuando se identifique la existencia de un IMEI alterado que esté operando, la empresa procederá a enviar un SMS al abonado advirtiéndole que su equipo será bloqueado en un máximo de dos días hábiles. Osiptel aprueba el contenido del mensaje a emitirse”, dice el artículo 22 del nuevo reglamento. Antes era Osiptel quien debía informar al operador el funcionamiento de un IMEI ilegítimo y, a partir de ellos, la empresa debía proceder a advertirle al usuario a cargo cuál era su situación. El bloqueo también se daba en un máximo de dos días hábiles.

El reglamento rige tanto para los celulares reportados por usuarios como robados o hurtados como para aquellos equipos con IMEI inválidos, que son aquellos que equipos nuevos provenientes del extranjero que son incorporados a la red nacional. En el primer caso, las autoridades actúan a partir de la denuncia de una víctima de delito y en el otro las autoridades identifican irregularidades en los equipos y dan aviso a sus titulares advirtiendo la irregularidad.

El bloqueo como consecuencia de la denuncia por robo o hurto se mantuvo vigente mientras se discutió el nuevo reglamento, dijo Osiptel a TeleSemana.com. No ocurrió lo mismo con el bloqueo de teléfonos con IMEI inválidos, que se suspendió hasta tanto se publiquen los cambios previstos. El regulador ya había señalado que las modificaciones respondían a cuestiones como definición de palabras clave, alcance o condiciones para la incorporación de líneas a la lista blanca.

Hace unos meses, un diálogo entre las dos dependencias también había cambiado el curso de las cosas. Osiptel advirtió que se bloquearían directamente todos los dispositivos con IMEI que incumplían los estándares de la GSMA. El Ministerio del Interior solicitó y finalmente logró que el proceso se ejecute por etapas para “reducir los perjuicios que las acciones podrían generar a terceros ajenos a la problemática en cuestión”, como aquellos usuarios que adquirieron celulares ilegítimos de buena fe.

En septiembre de 2018 fue cuando se ordenó la primera etapa de bloqueo, que incluyó a 250.000 unidades que no se encontraban comprendidos en la amnistía temporal. A enero se habían bloqueado unas 1,27 millones de IMEI inválidos, añadió Osiptel, y fue entonces que el proceso quedó suspendido hasta la publicación del nuevo reglamento del decreto legislativo 1338.

“Las disposiciones contenidas son de aplicación obligatoria a todas las personas naturales y a las personas jurídicas públicas y privadas a nivel nacional comprendiendo, pero no limitándose a operadores, abonados, fabricantes, ensambladores, importadores, exportadores, casas comercializadoras, puntos de venta, recicladores de equipos y demás personas naturales o jurídicas vinculadas a la prestación del servicio”, se detalla en el nuevo artículo 2.

El Ministerio del Interior reforzó en un comunicado que las empresas bloquearán de forma inmediata los equipos que sean reportados como robados, perdidos o inválidos por los usuarios o sus representantes, casas de venta, importadores, fabricantes o ensambladores. Este punto estaba plasmado en la versión anterior pero de forma menos específica, pues se indicaba la acción sería inmediatamente posterior al reporte del hecho. La consecuencia del bloqueo es que el teléfono no pueda ser activado y el servicio, a la vez, sea suspendido.

El objetivo de todo esto es “combatir el comercio ilegal de equipos y contribuir con la seguridad ciudadana. Se estiman bloquear más de 3,5 millones de equipos en los próximos meses”, amplió la cartera. A contramano de sus deseos están las estadísticas de la región, que marcan que ninguna de las acciones ejecutadas hasta el momento han sido argumento suficiente para frenar los delitos asociados a los teléfonos.

Nicolás Larocca
Nicolás Larocca es Técnico Superior en Periodismo (TEA) y Locutor Integral (ISER). Durante su carrera profesional se desempeñó en diferentes medios radiales, digitales y en gráfica como productor de contenidos, redactor y analista. Tiene conocimientos en comunicación interna, deportes, bancos y seguros, y desde 2013 se especializa en el mercado de las telecomunicaciones a escala regional.

2 Comentarios

  1. Avatar

    Excelente artículo, lo compartiré en mis redes.
    Es un reto implementar este reglamento, de no contar con un “esfuerzo coordinado” entre el regulador, los operadores (y sus EIR’s) e incluso los fabricantes, puede quedarse esta iniciativa en papel.
    Esta estrategia no debe tener cabida para competencia ni protagonismo, de lo contrario quedará en papel.
    En la práctica se deben ejecutar muy bien las campañas de comunicación, así como el monitoreo en los EIR de IMEI duplicado para atacar a tiempo aquellos seriales no homologados.

    • Nicolás Larocca

      Gracias por tu comentario, Fernando. Sí, es cierto. Latinoamérica todavía mantiene entre los desafíos frenar el robo de celulares y los delitos asociados, por lo que cualquier iniciativa presentada depende de un esfuerzo coordinado de las partes involucradas para funcionar. No sabemos todavía si esta acción llevará definitivamente a soluciones concretas en Perú, pero es un avance más a valorar. Mejorar las reglas para adaptarlas a nuevas realidades también es un buen ejemplo, en este caso, pero aún así no resulta suficiente argumento para probar que esto tendrá las consecuencias deseadas: queda probar que funciona. Saludos!

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