Los operadores de telecomunicaciones se enfrentan a desafíos propios de mercados en constante movimiento, que deben superar con capacidad y astucia, y otros para los que tienen menos herramientas, que no dependen estrictamente de ellos pero se presentan y ocasionan daños colaterales millonarios. Dentro de esa segunda lista está el robo de infraestructura, que en Colombia sigue siendo un flagelo sin solución a la vista según nuevos datos presentados por la filial local de Millicom.
Del asunto ya se han hecho eco otros prestadores de la región pero todavía no se ha encontrado un antídoto que funcione como respuesta definitiva. Como con el robo de teléfonos, entre los operadores y las fuerzas de seguridad intentan encontrar respuesta a un problema que mezcla cuestiones sociales, políticas y económicas en un cóctel que perjudica tanto a prestadores como a usuarios. No hay normas específicas para revertir una situación que se repite con métodos cada vez más eficientes.
“Cada día se presentan siete hurtos de infraestructura de telecomunicaciones en Colombia”, reza un comunicado de Tigo. En lo que va del año hubo más de 2.700 eventos, en el que se robaron todo tipo de activos que sirven para la prestación de servicios a clientes fijos y móviles. El cable de cobre y la fibra óptica siguen siendo los elementos más buscados pero desaparecen baterías y hasta aires acondicionados. Para peor, hay cada vez más casos en que se reponen cables o baterías y a las horas se repite el hurto.
La cifra presentada por el operador colombiano es algo menor a los 3.789 hurtos que contabilizó en todo 2018 pero en este caso se trata de números parciales en lo que va del año. “La delincuencia encontró en los elementos de red y soporte una fuente de ingresos porque son equipos de alta demanda en el mercado ilegal”, dijo sobre el tema la vicepresidente de Operaciones de Tigo, Teresa Reyes. Añadió que una reconexión del servicio demora de cinco a 13 horas, según la complejidad del caso.
Las ciudades más afectadas son Medellín, Bogotá, Cartagena y Barranquilla. La práctica delictiva se incremento como resultado de que hay nuevas estructuras delictivas que usan técnicas y equipos que permiten robos a mayor escala y en un menor tiempo. Tigo calcula que invirtió unos 4.600 millones de pesos (1,3 millones de dólares) para reponer y reparar las redes que se vieron afectadas por hurtos en el último año. “Una vez producido el hecho, según la capacidad que tengamos, pasamos las redes de cobre a otras tecnologías que ayudan a prevenir nuevos casos”, agregó Reyes.
El operador, ante esto, solicita a los usuarios que denuncien cualquier irregularidad que observe respecto de este tema. Al mismo tiempo, advierte que al momento de realizar algún trabajo, tanto los vehículos como el personal técnico de la empresa debe estar identificado. Ante cada hecho, añade, Tigo procede a la reparación de equipos, contacto con los clientes afectados, reajuste de facturación y hace la denuncia ante la entidad que corresponda, mientras sus ejecutivos trabajan en “la concientización sobre el daño que representa el hurto de infraestructura a las comunidades”.
Aunque hubo algunos pequeños pasos en la materia, como procesos judiciales en contra de los que llevaban a cabo hechos delictivos de este tipo, el robo de infraestructura se mantiene como un problema que atraviesa a toda la industria y para el que todavía no hay salida. El año pasado, esta situación afectó a más de 280.000 usuarios de Tigo en Colombia y no se esperan números mejores para 2019. En otras latitudes ya se quejaron del tema operadores de México, de Perú y la CNT de Ecuador, entre otros. Por ahora, los logros son solo de visibilización de un conflicto que llegó para quedarse.
