Justo antes del brindis de fin de año, Ecuador publicó la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, que genera la aplicación del impuesto a los consumos especiales (ICE) a servicios de telefonía y televisión paga. Como es un gravamen mensual, regirá desde enero de 2020. La industria lo rechaza, pues considera que neutralizará los efectos positivos de otras reglas que ya corren y tendrá fuerte impacto en los bolsillos de usuarios de bajos recursos.
Estarán alcanzados por un impuesto adicional de 10 por ciento los servicios de telefonía móvil y planes que comercialicen únicamente voz, datos y SMS a personas naturales, excluido el segmento prepago. Actualmente todos los planes móviles del país ya pagan el IVA del 12 por ciento. Según los últimos datos del regulador local, hay 15,8 millones de líneas móviles y 4,4 millones de ellas son postpago; esa cantidad de abonados será alcanzada por este gravamen.
Esta aplicación es la más resistida en el sector. Desde la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel) consideraron que esto tendrá un alto impacto porque más de la mitad de los pospagos del país contrata planes de menos de 15 dólares mensuales. Buena parte de ellos además optaron por esta modalidad porque fue la forma que encontraron de financiar su equipo, dijo el director de la entidad, Jorge Ceballos, cuando todavía se discutían los cambios tributarios.
También se agregará un 15 por ciento en concepto de ICE a los servicios de telefonía fija y planes que comercialicen únicamente voz, datos y SMS del servicio móvil avanzado prestado a sociedades. En este caso, no hay información oficial sobre cuántas líneas móviles del país corresponden al segmento corporativa pero sí hay registro de que el número de líneas fijas en Ecuador asciende a 2,3 millones. También correrá un 15 por ciento para el consumo de TV paga, lo que aplica hoy a 1,2 millones de abonados.
La modificación por ley tiene como finalidad aumentar la recaudación pero es, a todas luces, un retroceso en las intenciones del gobierno local en mejorar los índices de conectividad en Ecuador. Como parte de esta estrategia, por ejemplo, es que redujo recientemente a cero el arancel para la importación de smartphones, computadoras y tabletas que ingresan al país. También ejecutó acciones como el uso de dinero público para subsidiar el acceso a personas de bajos recursos.
En el texto también figura que a partir del día 180 de publicada la normativa correrá el IVA del 12 por ciento para plataformas que presten servicios digitales en Ecuador sin estar domiciliadas allí. Según el medio local El Comercio, firmas como Netflix o Spotify tendrán esos seis meses para registrarse en el Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI). En ese plazo, además, deberá terminar de definirse la forma en que se retendrá ese dinero, un punto que resultó de largo análisis también en otros sitios donde ya corren los impuestos para OTTs, como Argentina.
