La pandemia mundial tiene consecuencias directas e indirectas en el día a día de los gobiernos de Latinoamérica y las telecomunicaciones no se apartan de esta realidad. Menos aún en un contexto en el cual la mayoría de los países del bloque han puesto al sector como esencial para mantener en funcionamiento servicios que permitan acceso a la comunicación, información y entretenimiento a usuarios ante la emergencia sanitaria.
Así las cosas, las autoridades de Costa Rica advirtieron que se aplazó la entrada en vigencia del bloqueo de la señal celular en centros penitenciarios establecido por ley para los operadores locales. La normativa iba a aplicar desde el sábado 11 de abril pero “los técnicos internacionales que tienen que certificar el funcionamiento del sistema no pudieron viajar a territorio nacional debido a que en sus países de origen también están suspendidos los vuelos internacionales de pasajeros”, señaló el ministerio de Justicia y Paz.
La ministra, Fiorella Salazar Rojas, indicó que los prestadores de servicio telefónicos ya tenían contratados a firmas proveedoras de esta tecnología para cumplir con lo establecido y agregó que las primeras pruebas efectuadas arrojaron resultados positivos. Una vez que se levanten las restricciones “se retomará la implementación. Comenzará en centros penitenciarios y de ahí se extenderá al resto de los penales del país”.
El tema no escapa a la polémica pues desde las primeras discusiones los prestadores de servicios se quejan de que se traslade a ellos una responsabilidad que no les corresponde. También se metieron en el debate cuestiones como los derechos de los reos a comunicarse y la posible afectación a los servicios de personas que viven cerca de centros penitenciarios. Sobre este último punto, Salazar Rojas dijo que “la tecnología busca garantizar que la población civil no se vea afectada”.
