Bloqueo de redes en cárceles pone a los operadores como responsables de políticas de seguridad

Los operadores de telecomunicaciones están presos de las decisiones gubernamentales que ponen en ellas facultades que deberían estar en manos de las fuerzas de seguridad. Al menos así lo argumentan las empresas que funcionan en países donde la ley las señala como parte responsable de frenar los delitos que se producen con equipos móviles desde centros penitenciarios. Mientras en la discusión corren cuestiones legales, técnicas, económicas y hasta sociales, el aumento constante en las llamadas extorsivas y un polémico proyecto de ley sitúa a México como un caso a revisar porque sirve como ejemplo de lo que ocurre en Latinoamérica.

Más de 3,7 millones de llamadas salen cada año desde penales de México. Ese es el argumento utilizado por el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez para pedir penas más duras para los operadores que incumplan con la obligación de bloquear las señales de telefonía celular en centros penitenciarios. Solicita, publicó el portal local La Crónica de Hoy, que las multas por incumplimiento lleguen al cuatro por ciento de los ingresos de los autorizados a prestar el servicio y que en casos de reincidencia reiterada se proceda a revocar las concesiones.

“Colaborar con las autoridades competentes para que se cancelen o anulen de manera permanente las señales de telefonía celular dentro del perímetro de centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores”, es una de las obligaciones que corren para los proveedores de servicios mexicanos según consta en uno el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. También se indica que “están obligados a colaborar con el Sistema Nacional de Seguridad Pública en el monitoreo de la funcionalidad de los equipos usados para el bloqueo de señales”.

Aunque la incógnita ahora está puesta en el proyecto de ley presentado en México, el país no es el único que tiene en el bloqueo de señales en cárceles un tema por resolver. Varios de los mercados de Latinoamérica aplicaron algún  tipo de norma al respecto y buena parte de la polémica surge al momento de determinar quién es el encargado de ejecutar las acciones para evitar que las llamadas con fines delictivos se mantengan en alza. Las normas, por lo general, ponen el foco en las fuerzas de seguridad pero también colocan en los operadores la obligación de cooperar.

La cuestión parece simple pero no lo es, no es solo cuestión de “cortar” las señales. El tema toca varios puntos. El problema es que en sitios donde se aplica hubo vecinos ubicados en zonas aledañas a cárceles que perdieron por completo su conexión. En lo económico está en juego dónde sale el dinero necesario para instalar los inhibidores de señal que hacen falta. En el plano social, hay quienes se levantaron la mano pidiendo que se respete el derecho de los presidiarios a la comunicación. La letra está pero cuesta cumplirla, al menos México es ejemplo de eso.

Las últimas novedades al respecto en la región llegan de Costa Rica, donde en agosto del año pasado se aprobó de manera definitiva la ley por la que se bloquean las señales en centros penitenciarios locales. Esto, luego que se modificara el artículo 49 de la ley de telecomunicaciones y a pesar de las críticas de los operadores al proyecto. Las empresas pedían que “no se los responsabilice por algo que las fuerzas de seguridad no pueden cumplir”, una frase que bien podría estar en boca de las firmas mexicanas si se transforma en oficial la propuesta de Preciado Rodríguez.

El Salvador también tiene su norma al respecto. En ese caso la propuesta pasó de ser transitoria a quedar como parte del texto permanente de la ley Penitenciaria. En ese caso se habla de que los operadores tendrán como obligación prestar cooperación para llevar a cabo las medidas necesarias. Si la coordinación no fuera suficiente, las fuerzas de seguridad tienen la facultad de pedir la reubicación de antenas e infraestructura existente.

En Brasil, en tanto, el tema permanece en discusión luego de que la justicia declare procedente una acción en contra de la ley que obligaba la instalación de bloqueadores celulares en cárceles de Piauí. La acción tenía como argumento lo mismo que en los otros casos: el Estado no puede transferir a las empresas la obligación de velar por la seguridad pública. La situación gana relevancia si se contempla que los legisladores brasileños aprobaron el año pasado el tratamiento urgente de un proyecto que busca que los prestadores de servicios se ocupen de bloquear las señales en cárceles de todo el país.

Los delitos asociados con teléfonos celulares ponen frente a frente a las fuerzas públicas con los operadores. El bloqueo en cárceles es un caso bien claro de esto pero no el único, también algunas normas vigentes para combatir el robo de teléfonos produjo chispazos entre una y otra parte. Al fuego cruzado entre las autoridades y las empresas se suma que Colombia, por ejemplo, tiene en marcha un proyecto para implementar un sistema de telefonía móvil en cárceles y centros de reclusión del país. Las teorías y las facultades se mezclan mientras en algún lugar de la región suena un móvil: el que llama es el delito y alguien lo va a atender.

Nicolás Larocca
Nicolás Larocca es Técnico Superior en Periodismo (TEA) y Locutor Integral (ISER). Durante su carrera profesional se desempeñó en diferentes medios radiales, digitales y en gráfica como productor de contenidos, redactor y analista. Tiene conocimientos en comunicación interna, deportes, bancos y seguros, y desde 2013 se especializa en el mercado de las telecomunicaciones a escala regional.

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