El cambio de operador manteniendo el número es un derecho adquirido para los usuarios de la mayoría de los países de la región. Uruguay era excepción hasta que en julio se aprobó la ley que incluía la portabilidad numérica en móviles. Ahora el Comité creado para su implementación inició el debate en el que se discutirá el cronograma definitivo y otros detalles.
El Comité de la Portabilidad Numérica está conformado por representantes de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (Dinatel), la Agencia de Gobierno Electrónico y de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (Agesic) y los tres operadores móviles.
El equipo de trabajo tiene más de una decena de funciones, entre ellas definir mecanismos y la revisión del plan de numeración, la determinación de costos y el diseño de manuales de procedimientos para el acceso al servicio. Cuenta con 180 días, además, para elaborar un cronograma de actividades que tengan como fecha final la implementación de la portabilidad, que será luego revisado por el Poder Ejecutivo.
Según el artículo 472 de la ley 19.889/2020, los operadores estarán obligados a prestar el servicio bajo los lineamientos que disponga el regulador. Además, serán las empresas las que tendrán que asumir “los costos de adecuación de las redes y los sistemas para implementar la portabilidad”. Estos costos no podrán ser trasladados al usuario, señala la normativa.
La posibilidad de que usuarios cambien de empresa manteniendo el número había sido resistida en los debates previos por la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel), bajo el argumento de que su aplicación “fracaso a nivel internacional”. Los privados, en tanto, se habían mostrado a favor de una medida que redundaría en “mayor competencia y beneficios para los usuarios”.
La experiencia regional ha mostrado que la portabilidad funciona a favor del líder en mercados concentrados, como México, y con mayor dinamismo en sitios con más competencia, como Chile. Aplica en prácticamente todos los países de la región, en algunos de ellos hace más de 10 años, y más tarde que temprano también regirá en Uruguay.
