La Secretaría de Innovación Pública aprobó el reglamento de compartición de infraestructura pasiva en Argentina. En Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) funcionará como autoridad de aplicación e intervendrá a solicitud de las partes, ante falta de respuesta de solicitud de acceso, demoras o controversias. Así se expone en la resolución 105/2020, que fue publicada en el Boletín Oficial esta semana.
El objetivo del reglamento es “establecer derechos y obligaciones de licenciatarios y las condiciones y procedimientos relativos al acceso, puesta a disposición y uso compartido de la infraestructura pasiva que sea de su propiedad”. Aplica a los ductos, zanjas, canalizaciones, cámaras, postes y estructuras soporte de antenas, fosas, sitios, predios, sistemas de suministro, de climatización y otros accesorios que faciliten la instalación de infraestructura activa.
Entre los considerandos, la normativa menciona que la Ley Argentina Digital 27.078 declaró interés público al desarrollo de las TIC. También señala que hay consenso internacional sobre la importancia de adoptar iniciativas favorables al despliegue y que la OCDE considera que fomentar el uso compartido de infraestructura pasiva es una buena práctica porque disminuye los costos iniciales de despliegue y facilita la competencia.
La reglamentación aplicará en todo en territorio nacional. Quienes participen del intercambio deberán atenerse a una serie de principios, entre los que aparece el uso eficiente de infraestructura, el ordenamiento y desarrollo urbanístico sostenible, información, competencia, confidencialidad y acuerdos en condiciones objetivas, transparentes y no obligatorias, sin exclusividad o preferencia de hecho o de derecho.
El licenciatario al que se le solicita deberá responder en un máximo de 30 días corridos. Solo podrá negarse, según el artículo sexto, en caso de inviabilidad técnica de la infraestructura, la existencia de riesgos para la integridad y seguridad de la red, para la defensa nacional, seguridad pública, vial o protección civil o la falta de disponibilidad de capacidad en la infraestructura cuyo acceso se solicita. Cualquiera de las tres opciones deberá estar debidamente fundamentada.
