El achicamiento de la brecha digital está en la agenda de la Casa Blanca y Joe Biden, presidente de Estados Unidos, anunció la inversión de 100.000 millones de dólares en el crecimiento de su red de Internet de banda ancha, en el marco de una estrategia con la que aspira a crear “millones de buenos empleos, reconstruir la infraestructura del país y posicionarse para competir con China”.
“Estados Unidos es el país más rico del mundo, sin embargo, ocupamos el puesto 13 en lo que respecta a la calidad general de nuestra infraestructura”, admitió la administración pública en un comunicado oficial en el que desglosó los detalles del que presentó como “el plan de empleo estadounidense”. En él se especificó que su objetivo de mediano plazo es lograr una cobertura total del acceso, pero también promover el desarrollo de redes de gobiernos locales, organizaciones sin fines de lucro, cooperativas y comunidades tribales.
La apuesta gira en torno a atender a “todos que lo deseen puedan pagar una Internet de banda ancha confiable y de alta calidad” porque “construir sólo una infraestructura de banda ancha no es suficiente”, razón por la que desarrollaron este marco con el que apuntan a promover el uso de internet, abaratar los costos, ofrecer conectividad de buena calidad, y fomentar la transparencia y la competencia de proveedores que incluye, asimismo, “a los más de 35 por ciento de estadounidenses rurales que carecen de acceso a banda ancha a velocidades mínimas aceptables”.
El tema de las tarifas también integra este plan de acción que aspira a clarificarlas y a promover un descenso de sus costos al punto que fomente su adopción. “Los estadounidenses pagan demasiado por Internet, mucho más que las personas en muchos otros países”, sostiene el comunicado que, a su vez, promete el desarrollo de líneas de subsidios y otras acciones de políticas públicas que serán tratadas en el Congreso “para encontrar una solución y reducir los precios de Internet” pero también “aumentar la adopción en áreas rurales como urbanas, responsabilizar a los proveedores y ahorrar dinero a los contribuyentes”.
Esta decisión se propone como “paso clave hacia un código tributario más justo que fomente la inversión en los Estados Unidos” y promete “trabajar con el Congreso ideas adicionales”.
