La Cámara de Senadores de Chile aprobó el acceso a Internet como servicio público de telecomunicaciones y lo hizo al votar por unanimidad un proyecto que, además, establece la obligatoriedad de que exista un plan nacional digital, una política de uso del espectro y de inversiones, y que ahora espera su tratamiento en la Cámara de Diputados.
Se trata de una iniciativa que comenzó a discutirse en 2020 a partir de las urgencias de conectividad que imprimió la pandemia de Covid-19 y que, al entender Internet como un servicio básico, como el agua o la luz, las condiciones de calidad de servicio y contratación cambian. Inclusive, por la posibilidad que este sector recibe ahora de contar con un marco regulatorio preciso y políticas públicas que lo impulsen.
Según información del Senado chileno, 55 comunas del país presentan niveles de conectividad inferiores al uno por ciento y más de 60.000 personas se encuentran en zonas que no poseen cobertura. Y, en ese marco, el senador de la región O’Higgins, Juan Pablo Letelier, e impulsor de la iniciativa, sostuvo que “la brecha digital es la que determinará los problemas estructurales de la sociedad a futuro. Incluso algunos países lo han consagrado como un derecho básico. Este proyecto reconoce que Internet es un servicio público”.
Y, en ese tren, reconoce la facultad presidencial para que cada año y en el marco del debate por su Ley de Presupuestos y haciendo uso a los recursos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, se disponga un subsidio para garantizar el servicio a los usuarios más vulnerables.
La sanción incluyó, además, el uso de bienes nacionales de uso público para la instalación de infraestructura de comunicaciones, para usar la infraestructura del país en el despliegue de redes. “Esto es importante, porque para 5G la cantidad de antenas que se van a utilizar son cinco veces más de lo que ha sido 4G”, afirmó Letelier.
Asimismo, esta aprobación fijó plazos en que las compañías presten servicios en su zona de servicio y procedimientos de conexión, por medio de la regulación del despliegue de sus obras de extensión; pero también definió aspectos técnicos vinculados a la neutralidad tecnológica, la universalidad, la continuidad, el uso compartido de infraestructura, la transparencia y la igualdad en la asignación de los recursos.
