“¡Lo logramos! Ha sido aprobado en su último debate nuestro proyecto de Ley de Internet como servicio público esencial y universal”, publicó hace horas Rodrigo Rojas, representante a la Cámara por Boyacá del Partido Liberal de Colombia en su cuenta en la red social Twitter, haciendo referencia a la aprobación alcanzada por la plenaria del Senado de Colombia de esta semana.
Esta iniciativa, que busca garantizar el acceso a Internet, con tarifas asequibles y competitivas —y se instala como una herramienta para paliar la realidad que la pandemia del coronavirus evidenció de profunda brecha digital en el país— comenzó a tratarse en 2020 y espera ahora la sanción presidencial para convertirse finalmente en ley.
Sin embargo, el sector se encuentra en serias discusiones enmarcadas en otras iniciativas legislativas, como la de reforma tributaria, por la que se busca recaudar fondos, en torno a unos seis millones de dólares (23 billones de pesos colombianos), para mitigar los efectos generados por la pandemia.
Entre las medidas contempladas por la propuesta que está cerca de ser Ley, se señala la importancia “que los pequeños operadores amplíen la cobertura del servicio para así llegar a los lugares más apartados”, estímulos como la exención del pago de la contribución anual a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y de la contraprestación periódica a favor del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Futic) por cinco años.
A su vez, prevé la simplificación de trámites, la flexibilización de cargas regulatorias y la reducción de tiempos para la designación de licencias para el despliegue de infraestructura, además de prever financiación y líneas de crédito con recursos del Futic para aquellos operadores que posean menos de 30 mil usuarios.
“Que durante estados de excepción y emergencias sanitarias, así no se realice el pago, se brinde navegación en 30 direcciones de Internet, así como 200 mensajes de texto gratuitamente”, sostuvo el funcionario en su hilo en la red social y que continuó con la idea de “brindar navegación sin costo en el portal de educación dispuesto por los ministerios de Educación y de las TICs”.
Según los indicadores exhibidos por Rojas, sólo el 14 por ciento de los hogares (o 7,6 millones de ellos) poseen acceso al servicio de Internet fijo; una situación que se profundiza en las zonas rurales, donde la penetración no supera el siete por ciento de los hogares en los que hay niños en edad escolar, de entre cinco y 18 años.
El avance de esta iniciativa se inscribe en una coyuntura extraordinaria, signada por la necesidad de profundizar el aislamiento social y preventivo que impuso la emergencia sanitaria por coronavirus, y por la cual, la mayoría de los centros educativos apostaron a la continuidad pedagógica con estrategias virtuales.
A su vez, los debates que el avance de esta normativa generó se suman a la preocupación que las posibles consecuencias que la reforma tributaria le traería al sector y que Juan José Fuentes, director de la Cámara de Asuntos Tributarios y Financieros de Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia (Andesco), expresó al medio local La República.
“Estas medidas representan una afectación a los sectores populares y a la competitividad del sector, en tanto que aumentan el costo de los servicios y el gravamen en la demanda de los mismos”, dijo Juan José Fuentes al medio colombiano citado.
Además, señaló las problemáticas que podrían tener aquellos que prestan servicios de hosting, facturación electrónica y en la nube que, según la reforma tributaria tendrían un incremento de 19 por ciento: “Sabemos que son servicios que nuestras empresas prestan a las entidades oficiales, servicios que se encarecerían para quienes utilizan estas plataformas”, aseguró Andesco.
