El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) sigue generando discusiones en México desde su nacimiento, hace dos meses, y que no mermaron aún a pesar de haber alcanzado la suspensión judicial en la que tantas esperanzas se depositaron. La preocupación sigue girando en torno a la afectación de los derechos a las personas que una base de datos con información biométrica de toda la población pueda suscitar.
Para Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) los datos que este padrón reunirá estarían disponibles por autoridades de gobierno de cualquier orden, condición a la que calificó como “peligrosísima” porque “puede ser utilizada para ejercer medidas policiacas, de persecución y de instigación social”.
“Yo no niego que cabe que se haga un registro, desde luego que es conveniente, o indispensable, siempre y cuando sólo se comprometan los datos que pudieran merecer una identificación o una consideración para identificar al usuario, pero no en un término tan invasivo a la privacidad”, apuntó el funcionario del Inai en declaraciones publicadas por El Sol de México.
Ya hace algunas semanas, Norma Lucía Piña Hernández, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), concedió a el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la postergación hasta nuevo aviso del mandato de crear al Panaut y, por tanto, de tener que disponer recursos de su propio presupuesto anual para tal fin.
En ese sentido, Acuña Llamas también advirtió que el Estado mexicano no debe “desnaturalizar” las funciones constitucionales de organismos como el Inai y el IFT. Sucede que buena parte de la expectativa social del freno al Panaut recaía en la respuesta que diera la SCJN al pedido del IFT por considerar que la obligatoriedad de crearlo afectaría su normal funcionamiento además de que dañaría los derechos de las personas.
Pero nada está dicho e, inclusive, según la opinión de Irene Levy, presidenta del Observartorio de Telecomunicaciones de México (Observatel) “el Panaut no ha muerto”. Según dijo Levi a El Universal, “la suspensión otorgada por la ministra Piña fue objeto de reclamación por la Consejería Jurídica de la presidencia, y aunque podría ser confirmada por la sala, incluso con argumentos más sólidos, también podría ser revocada en el propio recurso o después por un hecho superveniente si, por ejemplo, en el presupuesto 2022 le otorgan fondos al IFT para operar el Panaut. No soltemos el tema”.
“La cuestión es que el IFT basó la parte fundamental de su demanda en un tema de violación a su autonomía porque no le otorgan presupuesto para operar el padrón, así que la ministra hizo un extraño ejercicio y disfrazó algunas de las disposiciones como si fueran normas individuales al relacionarlas con el presupuesto del IFT, y otorgó la suspensión, pero no se basó en lo que a todos nos preocupa” sostuvo Levy y señaló problemáticas vinculadas a que el IFT “no es una autoridad idónea para regular y operar este registro”.
Levy también recordó que el Panaut “viola” el derecho de acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) porque “impone barreras injustificadas al acceso a estos servicios”; además de “restringir de manera injustificada el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales”, agregar cargas adicionales a los usuarios que “condicionan el acceso” a los servicios y que “violenta la garantía de audiencia” al facultar al IFT para solicitar a los operadores la cancelación inmediata y eliminando el derecho a la reactivación de las líneas que no hayan sido registradas.
La decisión final de la Justicia será la que marque el rumbo del debate y de la suerte del Panaut. Mientras, las discusiones continúan.
