Los operadores Vivo, TIM, Oi y Claro fueron demandados por el Ministerio Público de Bahía por “fuga de datos” de sus clientes, al probar que hubo intercambio indebido de la información personal de sus usuarios, luego de que lo anunciara la fiscal local Joseane Suzart.
Según adelantó la letrada, el asunto contribuyó a la ocurrencia de fraudes y fue violatorio de la privacidad del consumidor, por ello busca interponer una medida cautelar que obligue a los operadores a cumplir con la normativa local, al tiempo que demanda de la incorporación de acciones de refuerzo para la protección de dicha información.
Se refiere a la Ley General de Protección de Datos Personales (Ley 13.709/2018), donde se especifica el tratamiento que los datos de los usuarios deben recibir, luego que se registraran llamadas no deseadas, “inquietantes e insistentes”, tal como lo reflejan medios locales como Teletime y Tecnoblog.
La normativa vigente exige a los operadores a solicitar su consentimiento expreso para el tratamiento de datos personales, salvo en los casos excepcionales previstos y, ante cualquier irregularidad, están obligados a revisarla.
Y, tal como lo reflejan las notas citadas, la fiscal Suzart solicitó información a Anatel que habría probado que los operadores “no han estado actuando de acuerdo con las normas de protección de datos personales de sus usuarios”.
A su vez, la prensa local también reflejó la respuesta que ofreció Conexis Brasil Digital, entidad que agrupa a los operadores, en el que se advierte que los mismos cumplen con los estándares de seguridad y de privacidad de datos.
Se refiere al programa “no me molestes” y explica que “como parte de los procedimientos de seguridad de la empresa, los sectores de telecomunicaciones, financiero, Internet, comercio y retail lanzaron, en 2020, la campaña #StaySmart, con consejos e información para la población sobre la importancia de adoptar precauciones de seguridad de datos personales”.
