“Reformas en Políticas de Telecomunicaciones en América Latina” es el white paper que 5G Américas acaba de publicar y en el que analiza la cuestión de las políticas públicas sectoriales regionales, pero también el impacto de las TICs en las economías. E, inclusive, lo atractivo del trabajo radica en que agrega un buen contraste entre los conceptos y los casos concretos en los que la innovación regulatoria se abordó cabalmente, para exhibir aquellas estrategias que posibilitaron eliminar las barreras para el despliegue de las redes de telecomunicaciones móviles.
“Las redes 5G se comenzaron a desplegar desde 2019 en América Latina y el Caribe, y para agosto de 2022 existían en esta región 27 redes de este tipo, además de 131 redes 4G LTE”, dice el informe y cita datos provistos por Omdia a 5G Americas, en el que “se sugieren que las suscripciones 5G de América latina y el Caribe superarán los 50 millones para 2023 y los 300 millones para 2026. Ello implica que 5G se convertirá en la segunda tecnología móvil de la región para 2026”.
Y el trabajo cita ese dato porque lo considera el punto de partida para el desarrollo regional: “Las redes de nueva generación tendrán un valor estratégico por ser plataformas que soportarán la digitalización de la sociedad y las actividades económicas, por lo que plantea la necesidad de que en los países se promuevan las inversiones en redes a la par de políticas de acceso, lo que puede requerir acciones públicas para cambiar legislación, regulación o políticas públicas en específico”.
Al momento de precisar las decisiones que resultan ejemplares recuerda que en Brasil, al momento de licitar espectro para 5G, se puso el foco en los compromisos de inversión de los operadores por encima de los objetivos recaudatorios; además de repasar la experiencia de la Ley General de Antenas y la reducción de tasas a comunicaciones (ICMS). A su vez, repasa que en Perú, hubo una introducción regulatoria en materia de criterios de gradualidad para el cobro del canon de espectro y que, en Colombia, las reglas que rigen a las small cells (picoceldas y microceldas) les permiten instalarlas sin la necesidad de tener una licencia de uso de suelo.
Pero el trabajo también señala el estado de situación de los procesos licitatorios regionales y exhibe un anexo con “casos de estudios adicionales” en los que se echa luz sobre el tema y multiplica el universo de análisis. Resulta oportuno recordar que todo este abordaje será motivo de análisis, reflexión y replanteo del 5° Foro Virtual de Regulación de TeleSemana.com, que se realizará este miércoles y jueves, 25 y 26 de enero respectivamente, y en el también estará presente José Otero, vicepresidente de 5G Américas para América latina y el Caribe.
“La industria de las telecomunicaciones y organizaciones multilaterales como la ONU, la OCDE y el BID han identificado barreras al despliegue de infraestructura de red móvil, así como la necesidad de removerlas para promover el cierre de la brecha digital y el acceso a Internet, sobre todo en un contexto en el que esto último comienza a ser considerado en algunos países como un derecho humano o un servicio esencial”, dice a modo de conclusión este documento -que disponible aquí– también plantea la necesidad de que se implementen políticas públicas que “fomenten inversiones”.
“En un mundo donde la economía está cada vez más basada en la conectividad, los datos y el uso amplio y acelerado de nuevas tecnologías, las empresas de telecomunicaciones deben intensificar sus esfuerzos para fortalecer las bases tecnológicas de las naciones. Por eso, precisamos de un sector de telecomunicaciones fuerte y competitivos que pueda enfrentar los desafíos impuestos por la sociedad digital”, concluye el paper.
