Que para 2032 se estima un despliegue de 307.000 sitios adicionales en toda América latina, pero que las barreras administrativas y económicas persisten, son algunas de las conclusiones a las que arriba el último informe de la consultora SMC+ realizado por encargo de American Tower, y en el que se advierte que Brasil y Perú están en una situación de “privilegio” frente al resto de la región.
“La gestión de infraestructura de telecomunicaciones como pilar fundamental para el futuro de América latina” es el título del informe en el que se hace un panorama del negocio y se advierte que “las barreras a los despliegues de infraestructura, en términos generales, persisten” en la región y que, entre ellas, las administrativas ocupan el podio al momento de analizar la obstaculización de los despliegues.
En un mapeo de casos por países, este trabajo refleja que en Brasil y Perú se hicieron “importantes esfuerzos por estandarizar los procesos a lo largo de todos los gobiernos locales del país, a través de una normativa nacional”, al tiempo que presentan “un plazo promedio menor de aprobación de los permisos” para la instalación de torres de telecomunicaciones.
“Paraguay también ha presentado mejoras pero las mismas se han dado principalmente por una articulación público-privada exitosa más que por cambios o mejoras regulatorias estructuradas”, dice el trabajo y advierte que en otras latitudes, como Colombia, Costa Rica y México hay diversas iniciativas pero que aún no fueron sistematizadas.
“En Colombia y Costa Rica está pendiente la implementación de un procedimiento único y se cuenta con silencio administrativo positivo. En México no se tiene una iniciativa de procedimiento único de infraestructura, el desafío principal pasa por la homologación en todos los municipios de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en materia de telecomunicaciones para que todo uso de suelo sea compatible con su infraestructura”, precisa.
Argentina y Chile, a su vez, no exhiben avances desde 2021, en el primer caso, inclusive, en más del 90 por ciento de los municipios del país no se tienen ordenanzas que regulen la instalación de infraestructura o, directamente, la prohíben; mientras que Chile cuenta con legislación desde 2012 pero que, en su mirada, “obstaculizó” muchas iniciativas y lo grafica al señalar que menos del dos por ciento de la infraestructura desplegada en el país es posterior a su entrada en vigor.
Inclusive, se abordó la cuestión de las emisiones de radiación electromagnética, en debate por estas horas en territorios como Argentina y Brasil. “Resulta importante destacar que, de adopción en muchos mercados (como ser Brasil, Colombia, Costa Rica y Perú), la figura de silencio administrativo positivo no es la ideal dado que parte de la premisa de castigar la inacción de la administración, generando fricciones innecesarias y demorando aún más los trámites, mientras se resuelve si corresponde, o no, el ejercicio del silencio administrativo positivo”, evalúa el documento que, a su vez, propone “favorecer” los despliegues de infraestructura para la tecnología 5G.
“Dentro de las barreras administrativas las tasas cobradas por los municipios también se presentan como una barrera relevante ya que, en muchos casos, resultan en montos desproporcionados con respecto al retorno de la inversión que la infraestructura puede brindar y al costo administrativo que las entidades gubernamentales realmente tienen”, dice entre sus conclusiones, al tiempo que enumera otras como los inhibidores vinculados a la coordinación con el sector privado y las comunidades y el factor económico.
“La industria de telecomunicaciones está viendo una presión elevada sobre sus márgenes, los que en muchos casos terminan erosionándose y así reduciendo el retorno potencial de las inversiones en infraestructura. Sumado a ello, la tecnología 5G aún no presenta un caso de negocio claro y presenta requerimientos de inversión en infraestructura superiores a los de las tecnologías que la precedieron”, dice el documento. Advierte, en ese sentido, que “la disponibilidad de fondos para los despliegues de infraestructura es limitada ya que la justificación de negocio resulta, en el mejor de los casos, muy justa y con un alto nivel de incertidumbre (dado que las inversiones se encuentran mayormente nominadas en moneda dura, dólares estadounidenses, y los ingresos de las empresas de telefonía móvil se encuentran nominados 52 por ciento del mercado”.
Este documento -disponible aquí– establece, a su vez, cinco recomendaciones para que la política pública reduzca las barreras a los despliegues de infraestructura; signados por el incremento de la coordinación entre gobiernos (nacionales/federales y locales/municipales), incorporar la aprobación automática de los permisos y contar con un proceso simplificado para los casos de infraestructuras de menor tamaño; como también incentivar la compartición de infraestructura pasiva y poner el tema en debate para sensibilizar a la población.
La compartición de infraestructura integra las claves para mejorar el estándar de cobertura pero ¿cuál es el estado de situación regional?
“La compartición de infraestructura pasiva aún se encuentra en niveles relativamente bajos en la región”, dice el informe y recuerda estimaciones de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) que advierte que esta estrategia de compartición de la infraestructura pasiva puede posibilitar una reducción tarifaria de hasta un 30 por ciento.
“Es un componente fundamental que debe desarrollarse para un despliegue eficiente de sitios, que a su vez pueda ayudar con la continuidad de los despliegues 4G en zonas aún no atenidas, o ineficientemente atendidas, y con una implementación de 5G, que requerirá una alta densificación para soportar y brindar el nivel de servicio que la tecnología ofrece”, dice este informe que estima que el promedio ponderado de cantidad de operadores por sitio, en Colombia y México es de 1,5 operadores, seguidos de Brasil y Costa Rica con 1,3, Chile y Paraguay con 1,2 por sitio, y Argentina y Perú, con un 1,1 operadores por sitio.
“Como se puede ver, el potencial de crecimiento de la compartición de infraestructura pasiva en América Latina es aún grande. A modo de ejemplo, las empresas de infraestructura pasiva cuentan en algunos mercados con promedios por encima de los dos operadores por sitio”, concluye y planta un desafío concreto.
