Mientras el Gobierno de México avanza con la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el regulador informó que, gracias a su trabajo, los usuarios de servicios de telecomunicaciones de México se ahorraron más de 40.000 millones de dólares (805.000 millones de pesos mexicanos) en los últimos 10 años. Esto fue gracias a la mayor competencia que se promovió en el mercado y que se tradujo tanto en la reducción de precios de la telefonía e Internet como en una expansión de esos servicios entre la población.
“Los precios de los servicios de telecomunicaciones bajaron una tercera parte en este lapso y en el mercado existen más y mejores ofertas de planes y servicios, con lo cual las y los mexicanos pueden hacer un mayor uso de la telefonía y el internet, pagando menos”, aseveró el IFT a través de un comunicado.
Imagen: Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Como un modo de demostrar con cifras los hechos realizados en la última década y que, de otro modo, resulta más dificultoso de hacer ver, el IFT añadió que por cada peso que se le asigna al IFT para realizar sus funciones, “este órgano autónomo regresa 44 pesos (unos 23 dólares) en beneficios a las personas usuarias”.
Ahorros que superan la inversión extranjera
Los datos expuestos por el regulador se basan en una “robusta metodología aplicada por el Centro de Estudios del IFT”, que pueden observarse en el reporte “Ahorros generados a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones 2013-2023”. En el informe se evalúan los beneficios del trabajo regulatorio del organismo, que puede consultarse aquí.
El IFT recordó que desde que se inició su trabajo, hace algo más de 10 años, se cuadriplicó la penetración de la banda ancha móvil pasando de 23 a 96 líneas por cada 100 habitantes mientras que la Internet de banda ancha se expandió de 40 a 67 accesos por cada 100 hogares.
El ahorro generado por el IFT a los mexicanos en 10 años fueron casi 1,5 veces superior a la inversión extranjera directa que México obtuvo en 2020 y que se ubicó en los 29.000 millones de dólares, según estimó el medio El Economista.
El organismo dejó claro que este crecimiento fue posibilitado por la “acción regulatoria”, que fue -y sigue siendo- resistida por el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), entidad que hace unos días respaldó el paquete de 18 reformas constitucionales que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para transformar la administración pública nacional. Entre ellas, se contempla la eliminación del IFT y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Medidas que fueron anunciadas en la previa de la campaña electoral y que, hasta tanto asuma el nuevo gobierno de Claudia Scheinbaum, el próximo 1 de octubre, AMLO parece dispuesto a poner en marcha.
El empujón del sindicato telefónico
El STRM es popularmente conocido en México como el Sindicato de Telmex. Se trata de uno de los sindicatos más poderosos de este país ya que nuclea a unos 60.000 trabajadores, además de tener gran influencia en el poder político, recordó El Economista. Para este gremio el IFT es una entidad que responde a las políticas neoliberales de la época en que se privatizaron empresas como Teléfonos de México (Telmex).
Imagen: Gabriel Guzmán.
Más allá de la mirada del sindicato, el IFT tuvo como mandato definir políticas regulatorias específicas para las empresas con demasiado poder de mercado tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión. Producto de ello, en marzo de 2014 Telmex fue considerada la empresa dominante del sector en este país y el regulador le impuso, entre otras obligaciones, compartir su infraestructura con terceras compañías, además de dividirla en dos: Telmex para el mercado residencial, y Red Nacional de Ultima Milla para las empresas interesadas en ofrecer servicios empaquetados, como el triple play. El STRM siempre se opuso a esta última propuesta.
El IFT es uno de los organismos que viene soportando los mayores recortes de presupuesto en los últimos seis años. Entre 2014 y 2023 se movió con un presupuesto de unos 900 millones de dólares (17.752 millones de pesos mexicanos) y, como contrapartida, permitió que la Tesorería del país obtuviera más de 9.100 millones de dólares (más de 180.000 millones de pesos mexicanos) sólo por asignar y renovar concesiones, además de fijar contraprestaciones a quienes resultaron adjudicatarios de esos recursos.
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