Venía amenazando y, finalmente, lo formalizó. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presentó un proyecto de reforma en el que busca eliminar siete organismos autónomos y entes reguladores, entre ellos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Justificó su propuesta en la necesidad de redireccionar esos fondos para las pensiones. Pero en realidad, se trata de una medida para eliminar a una entidad a la que no pudo controlar. Por eso, el mismo IFT se defendió, rechazó la iniciativa y aseveró que representa un retroceso.
¿Qué propuso AMLO? Eliminar, además del IFT, el Instituto Nacional de Transparencia, el de Acceso a la Información y Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Procuradora de Energía (CRE). También, el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.
En el caso del IFT, el organismo quedaría subordinado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), lo que se traduciría en la posibilidad de responder más rápidamente a los intereses del Poder Ejecutivo Federal, según consideró El Economista. En otras palabras, al cambiar de órbita perdería su independencia —autonomía que siempre se ha destacado desde que el IFT se puso en marcha— y estaría más sujeto a consideraciones políticas que técnicas.
El mismo medio apuntó, además, que la medida no parece coherente en un contexto donde México surge como un destino atractivo para la inversión por la relocalización de industrias, es decir, el nearshoring que, entre otras, demandará una mayor y mejor infraestructura de telecomunicaciones. Y para que eso suceda se necesita un regulador que entienda el funcionamiento del sector y que, además, transmita certidumbre.
El IFT se defendió, lógicamente. En un comunicado, expresó que “la propuesta representa un retroceso en perjuicio de las personas usuarias y audiencias, dado que implica volver a un modelo que demostró tener serias limitaciones para lograr, entre otros objetivos, la entrada de más competidores, mayor certeza jurídica y asegurar piso parejo para que más mexicanos contaran con más servicios de telecomunicaciones a menor precio y con mayor calidad”.
Y dio cuenta del aporte que efectuó el regulador desde su puesta en marcha, entre ellas, las reducciones que hubo en los precios de los servicios de telecomunicaciones. “De junio de 2013 a diciembre de 2023, los precios de comunicaciones en su conjunto disminuyeron 31,7 por ciento, mientras que la inflación fue de 62,2 por ciento en ese periodo”, subrayó.
También mencionó la eliminación de la larga distancia nacional gracias al marco regulatorio creado por el IFT, la portabilidad numérica, el crecimiento de 339 por ciento de los servicios de banda ancha móvil que pasaron de 27,4 millones a 120,4 millones en 10 años. Y enumeró las acciones efectuadas en materia de radiodifusión, tal como puede leerse desde aquí.
Fue una manera de responder a la afirmación de AMLO quien sostuvo que estos organismos “no sirven para nada” y que su propuesta está enmarcada en ideas del “neoliberalismo”, tal como lo apuntó el diario El País.
La iniciativa lanzada por AMLO se plantea en un momento en el que el IFT analiza las mejores alternativas para disponibilizar espectro que apalanque el desarrollo de 5G, a partir de las bandas de 3.5 GHz y de 600 MHz. Y después de varios intentos del regulador porque el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda, comprenda que el espectro no puede utilizarse más como un recurso para agigantar las arcas fiscales.
El proyecto, que para ser aprobado requiere de los votos de la oposición, también sumó el rechazo de referentes de la industria. “La reforma que propone AMLO pretende desaparecer todos los órganos autónomos creados en los últimos años, simplemente por diferencias ideológicas, sin considerar caso a caso el gran valor que tienen para nuestra construcción democrática”, dijo a TeleSemana.com, Elena Estavillo, ex comisionada del IFT entre 2013 y 2019 y directora del Centro-i para la Sociedad del Futuro.
Señaló que el IFT fue producto de un largo camino de aprendizaje y recordó que cuando se convirtió en un órgano autónomo fue posible proteger la competencia y reducir los precios de los servicios además de promover su ampliación, entre otros beneficios para la sociedad. Estas medidas “llevaron a que el IFT fuera considerado como un regulador de primer nivel en el mundo. Como un modelo a seguir. Lejos de ser oneroso su presupuesto no llega ni a una centésima parte, por ejemplo de Pemex o la CFE”, apuntó Estavillo. El tema del presupuesto fue otro de los argumentos utilizados por AMLO para justificar su eliminación.
Por su parte, Jesús Romo, analista principal de Telecoms, Market & Data de Global Data, coincidió en el rol independiente del IFT y en el aporte que realiza a una industria cada vez más compleja, producto de su generación de conocimiento. “Las buenas prácticas en telecomunicaciones son un campo muy especializado, complejo, sobre todo por la conectividad que se está ligando a objetivos cada vez más sociales”, subrayó.
“Tener un regulador técnico a cargo de supervisar y ordenar lo que se requiere a nivel de recursos como el espectro, es muy importante cuando en los países estamos hablando que la conectividad es un apoyo para la salud, la educación, el acceso a la información”, añadió. Consideró, en ese sentido, que “es importante que estas entidades que nuclean estas obligaciones tenga conocimientos específicos del sector, por qué evolucionó, en donde están los retos, cuál es el impacto de nuevos servicios digitales”, pues de ese conocimiento surgen las mejores decisiones.
Estavillo advirtió que “desaparecer al IFT significa borrar el aprendizaje y la construcción institucional que nos costó años alcanzar y quedarnos sin una autoridad que va a ser esencial y estratégica, dentro de la revolución tecnológica que estamos viviendo, con la responsabilidad de asegurar que todas las personas tengan acceso a tecnologías digitales, que sean seguras, incluyentes, cerrando brechas y que sirvan para ejercer derechos humanos”.
Romo, en tanto, insistió en que “a nivel internacional vemos que las agencias especializadas y que mantienen ese conocimiento y estructura son importantes para que haya certidumbre dentro de los países. Y para que hayan inversiones, sobre todo en momento complicados a nivel macroeconómico cuando las inversiones en telecomunicaciones pasan por las utilidades que se pueden reinvertir porque el acceso al crédito es caro, cuando las tasas de interés están más altas, y es complicado para las inversiones a nivel internacional”.
La propuesta y las expresiones de desprestigio de AMLO hacia estas entidades en los últimos seis años han sido recurrentes. Hoy toman mayor dimensión porque México está a las puertas de comenzar su campaña electoral. El 2 de junio próximo se realizarán las elecciones presidenciales, en las que se descuenta que, por primera vez, una mujer quedará al frente del Poder Ejecutivo Federal. Claudia Scheinbaum es la candidata del oficialismo, MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional); Xóchitl Gálvez, es la postulante del PRI, PAN y PRD; mientras que Jorge Alvarez Máynez, representará al Movimiento Ciudadano.
Ahora hay que ver si la iniciativa prospera. Por lo pronto, Scheinbaum es física y Gálvez. ingeniera. Ambas han desarrollado parte de sus carreras vinculadas con el mundo de las TIC y conocen la tecnología y sus implicancias. Habrá que ver si el tema prospera en el Congreso, y si se cuela en el fragor de la campaña.
