El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial de San José, rechazó el pedido de suspensión de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad de Costa Rica presentado por parte de Huawei, y la decisión suma una nueva validación en la Justicia, pero sigue frenado.
Se trata de la medida cautelar presentada por la fabricante Huawei, una de las primeras empresas reconocidas como impactadas de forma directa por la letra de aplicación del Reglamento sobre definiciones en materia de ciberseguridad aplicables a los servicios de telecomunicaciones basados en la tecnología de quinta generación móvil (5G) y superiores. Fue una medida establecida en el Decreto Ejecutivo N.º 44196-MSP-MICITT, de agosto de 2023, tendiente a elevar al máximo los estándares de ciberseguridad existentes en el país, sobre todo, a partir de las vulnerabilidades graves sufridas meses atrás. La respuesta oficial a esa cautelar se ofreció por estas horas, cuando el Tribunal local publicó la resolución N° 2025001488 por valorarla carente de prueba.
“El Tribunal argumentó que la solicitud de Huawei no cumplía con los requisitos para el otorgamiento de una medida cautelar, principalmente porque no se demostró con los argumentos y prueba presentada que daño le provoca la existencia del reglamento. Además, se consideró que la solicitud de Huawei pretendía una excepción para eliminar requisitos o condiciones en el cartel de licitación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para la implementación de la red 5G, lo que se consideró una lesión al ordenamiento jurídico”, dijo en un comunicado el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
Esta vez, el Tribunal también advirtió que “la suspensión del reglamento desprotegería a los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones, y que el interés público en la seguridad nacional y la soberanía cibernética de Costa Rica prevalecía sobre el interés particular de Huawei”, además de convalidar el rol del Convenio de Budapest, tantas veces cuestionado en el país.
“En una era donde las redes avanzadas como la 5G se convertirán en la columna vertebral de su infraestructura crítica, este convenio ofrece una herramienta fundamental para proteger su sociedad digital globalizada contra las amenazas cibernéticas transfronterizas”, dice sobre ese marco internacional, y valora que “una contramedida eficaz para reducir los riesgos de seguridad nacional es la aplicación de nuestro marco normativo, reforzado por el Convenio de Budapest”.
Apenas concretada la subasta de espectro para la quinta generación móvil en el país, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) enviaba al Micitt el Informe de Recomendación de Adjudicación con la sugerencia de concesión de frecuencias para el despliegue de la red. En ese escenario, la Procuraduría General de la República (PGR) informó haber descartado que el Reglamento violara el orden constitucional. Pero no era la primera vez que se lograba una adhesión de ese tipo, ya se había pronunciado una sala Constitucional local aunque todo indica que no será la última. Aún falta que la Justicia se exprese por otra medida cautelar, cruzada por un sindicato del ICE.
En su comunicado, el Micitt cuestiona los plazos. “A más de un año de su interposición, sigue sin resolverse la medida cautelar provisionalísima interpuesta por el Frente Interno de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad y de la Industria de Telecomunicaciones (FIT) en coadyuvancia por algunos legisladores, hecho que sorprende pues ya existe suficiente fundamento para descartar los argumentos con los que se quiere retardar la aplicación del citado reglamento”.
