Así lo confirmó Gobierno de Costa Rica luego que emitiera un reglamento en el que estableció los lineamientos generales y concernientes a la ciberseguridad de las redes de telecomunicaciones en el país y a sus servicios, en relación al próximo despliegue de 5G.
La noticia se conoce en un contexto en el que el país avanza en los preparativos de su subasta de espectro para 5G, a un año de haber sufrido una seria vulnerabilidad informática a los sistemas de la administración pública, como Hacienda y Salud, hechos que motivaron a considerar al tema como prioritario y que llevaron a delinear una estrategia para su gobernanza.
El anuncio se realizó en días en que Rodrigo Chávez, primer mandatario de Costa Rica, visitó a su par de Estados Unidos, Joe Biden. Y, en este sentido, vale recordar también, que en plena emergencia informática fue el gobierno norteamericano el que brindó apoyo técnico y económico para reestablecer sus sistemas además de donar hace cinco meses 25 millones de dólares para crear un Centro de Operaciones de Seguridad.
El “Reglamento Sobre Medidas de Ciberseguridad Aplicables a los Servicios de Telecomunicaciones Basados en la Tecnología de Quinta Generación Móvil (5G) y Superiores”, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto, disponible aquí, Allí, se comienza por señalar que tiene el propósito de garantizar el uso y la explotación segura y con resguardo de la privacidad de las personas, de las redes y los servicios de telecomunicaciones, y cuenta con la firma de Paula Bogantes, titular del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública (MSP).
El comunicado oficial rescató que, a partir de la implementación de las redes basadas en la tecnología 5G, su profunda integración en los distintos procesos y las aplicaciones que producen grandes cantidades de datos, se han generado en el mundo preocupaciones sobre la seguridad nacional y el riesgo de espionaje. Este fenómeno posibilita que la información personal y sensible de los usuarios, así como datos confidenciales del gobierno y sector privado, puedan ser interceptados y utilizados por agentes externos no autorizados.
Aunque el anuncio no dice abiertamente que los productos oriundos de China no podrán participar de esta apuesta, en varios puntos del reglamento y de sus decretos se menciona la adhesión que el país realizó oportunamente al Convenio sobre la Ciberdelincuencia, realizado en Budapest, al que valora “un instrumento jurídico fundamental en la lucha contra la ciberdelincuencia, cuyo propósito principal es prevenir, investigar y sancionar los delitos cibernéticos, fortalecer la seguridad de los sistemas de información y fomentar la cooperación internacional en esta materia”.
En él se advierte que los proveedores y vendedores de hardware y de software que deseen participar de las redes a tenderse, deberán haber manifestado su adhesión y cumplimiento a aquel convenio, al que países como China y Rusia no adscribieron y que puede leerse aquí.
Sin embargo, un punto que genera muchas preguntas es que en junio el ICE había anunciado la firma de contratos con las compañías que “estarán a cargo del desarrollo y la implementación del conjunto de servicios empresariales 5G, como habilitador de desarrollo para empresas e instituciones con necesidades específicas de comunicación que garanticen soluciones de alta velocidad, disponibles y seguras”, y entre las que se encuentra One Way Technologies, representantes de Huawei allí.
La prensa local La República había reflejado aquel anuncio y precisaba que, además, se destacaban el Consorcio Datasys Group Vinet (representante de Nokia), Sonda CR-CL, y Sistemas de Computación Conzultek de Centroamérica.
