¿Qué está pasando en Ecuador con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones? La aprobación de una nueva normativa, en abril pasado, por parte de la Asamblea Legislativa de este país, tuvo hace 10 días una primera objeción de parte de Daniel Noboa, el recientemente asumido presidente. Sus cuestionamientos se focalizaron en los artículos 39 y 91 de esa norma, que favorecerían de modo contundente a las operadoras estatales, comenzando por la CNT.
Para entender lo que está sucediendo es necesario hacer un poco de historia. Entre 2019 y 2022 hubo una serie de iniciativas de diferentes legisladores con propuestas de modificaciones a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Ante la variedad de ideas, la comisión de Desarrollo Económico del Parlamento las revisó y unificó en un solo proyecto que apuntó a modificar los artículos 39 y 91 de la norma.
En 2023, Ecuador ingresó en una crisis institucional profunda. El ex presidente Guillermo Lasso decretó la “muerte cruzada”, disolvió la Asamblea Nacional y Daniel Noboa fue elegido como su sucesor para completar el resto del mandato pendiente. En el medio de esta crisis institucional, vencieron los contratos de concesión con las dos principales operadoras del país, Claro y Movistar. Y aunque se solicitó la presencia de veedores internacionales para lograr renegociar esos acuerdos con nuevos objetivos para mejorar la conectividad y reducir las brechas, esta situación aún hoy tiene sus pendientes.
En el medio de estas negociaciones, en abril de este año se aprobó la nueva ley orgánica, luego de haber superado una crisis energética que también tuvo a las telcos en el medio de las urgencias. Y el 25 de mayo pasado, asumió Daniel Noboa como presidente de Ecuador, tras ser elegido nuevamente en el respectivo comicio. Aunque en sus campañas -especialmente en la de 2023- aparecieron los temas de la conectividad, las telecomunicaciones y la transformación digital como parte de sus propuestas de gobierno, no hubo decisiones concretas durante ese primer mandato.
Pero luego de esta nueva asunción, Noboa sorprendió: el 26 de mayo último vetó de manera parcial esas reformas. Puntualmente, se concentró en los artículos 39 y 91 de la ley en cuestión.
Las modificaciones
¿Qué dicen esos artículos? El 39 establecía que las empresas públicas, como la CNT, estaban eximidas del pago de ciertos tributos, además de estar sujetas a las regulaciones que emanan del Arcotel. Pero sí tenían la responsabilidad de abonar tanto el derecho de uso de espectro como el 1 por ciento de la facturación por servicio universal (SU).
La reforma aprobada en abril eximió a las operadoras públicas de la obligación del pago por el uso del espectro.
Unsplash – michael-dziedzic
En paralelo, se eliminó la figura del “devengamiento” para el servicio universal (SU), considerada en el artículo 91, aunque sólo para las empresas públicas. Mediante este concepto, el Estado podía pedirle a cualquier operadora que no abonara determinada obligación a cambio, por ejemplo, de ampliar cobertura en una zona rural. Este artículo contemplaba la posibilidad de devengar la mitad de lo que se aportaba en concepto de servicio universal por un proyecto predefinido por el Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel). Con esta modificación, se vuelve a eximir de esa exigencia a las empresas públicas.
Para las operadoras privadas, estas decisiones parlamentarias son anticonstitucionales porque, además de liberar a las compañías públicas de obligaciones también les habilita la posibilidad de que reclamen espectro en poder del Estado sin pagar nada por ello. “¡¡Viva el Ecuador!!”, dicen que se escucha irónicamente en el mercado. La frase suele utilizarse en este país cuando se toman decisiones que suponen un beneficio desmesurado para algún sector.
La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) cuenta con un 18 por ciento de participación en el mercado móvil, detrás de Movistar, que posee un 30 por ciento, y Claro, que alcanza el 52 por ciento de los 18 millones de clientes móviles que hay en Ecuador. Que se exima a la CNT de pagar sus obligaciones en materia de espectro como el devengamiento del SU le dará una ventaja competitiva adicional. La operadora estatal se hace cargo de menores contribuciones que su competencia, y aún así no ha logrado mejorar su posición en el mercado.
La situación es distinta en el segmento de la banda ancha fija, donde la CNT alcanza un 75 por ciento del mercado, seguida con un 11 por ciento de Claro, y algo más de 7 por ciento de Etapa Ecuador, mientras el restante 7 por ciento se divide entre distintos prestadores. La penetración de la banda ancha fija en este país aún no llega al 60 por ciento de los hogares, hecho que lo ubica por debajo del promedio regional, que oscila en torno al 67 por ciento.
Noboa, objeciones y renegociaciones
¿Qué decisión tomó Noboa en relación a lo modificado por la Asamblea Legislativa? Sobre el artículo 39, el presidente parecería querer agregar que las empresas deben acatar tanto con la política pública emitida tanto por el Mintel como por el regulador, Arcotel. No está claro si cuestiona o no que ya no paguen por uso del espectro, por ejemplo.
En relación al artículo 91, el Ejecutivo habría objetado la falta de claridad de la modificación. Puntualmente, refiera a que no está claro cómo se financiarán y bajo qué condiciones los proyectos de reducción de brecha digital.
Imagen: Michael Mraczek/Unsplash
¿Cómo sigue esta historia? La Comisión de Desarrollo Económico ya conoció las objeciones del Ejecutivo, y tiene 30 días desde la entrega del veto para analizarlo, en paralelo a un informe no vinculante que remita la comisión. Este plazo finaliza, en principio, el próximo 21 de junio. Este camino termina luego en Presidencia, quien tendrá la potesta de aprobar la nueva norma y definir su entrada en vigencia.
La Asetel, por su parte, aún no se pronunció sobre el caso.
Este proceso fue avanzando en medio de una situación de crisis extendida en el sector de las telecomunicaciones. Los contratos de concesión que vencieron en 2023 -agosto el de Claro y noviembre el de Movistar- fueron prorrogados en varias oportunidades, hasta por tiempo indeterminado a finales del año pasado. El 15 de mayo último, Claro firmó una prórroga indeterminada, mientras que Movistar lo hizo por solo dos meses. Es decir, hasta el próximo 15 de julio.
¿Por qué esta diferencia? Según pudo saber TeleSemana.com, que no termine de definirse la renegociación del contrato de Movistar responde a una presión de la operadora para que se definan las obligaciones -como el pago por el uso del espectro- con las formalidades que exige el caso. Las modificaciones a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones generan ruido adicional en esta conversación.
Decisiones es lo que necesita el sector en este país para que continúen expandiéndose los servicios de conectividad y mejorar su calidad. Y las que se tomen serán fundamentales para alcanzar, o no, ese objetivo.
Debe estar conectado para enviar un comentario.