Ecuador se encamina hacia la recta final para la renovación de los contratos de concesión de telefónica móvil de Claro y de Movistar. Se trata de un proceso que comenzó en 2021 y que debe concluir en 2023, año en el que se cumplirán los 15 años de la firma de los acuerdos celebrados en 2008. El Centro de Estudios para el desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América latina (CERTAL) fue elegido como veedor de esta negociación.
Fue la misma Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) la que dio a conocer la información de manera oficial. Esta tarea será llevada adelante por Heber Martínez, CEO del Centro de Formación de Líderes del CERTAL, un especialista que acumula años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones a nivel regional. Se trata de un trabajo que se inició la semana pasada y que se extenderá durante seis meses, es decir, a mediados de junio deberá concluir con las consideraciones que se hayan acumulado en el marco de esta revisión.
La renegociación de los contratos de concesión en Ecuador con Otecel (Movistar) y Conecel (Ecuador) se iniciaron en 2021, luego de que Guillermo Lasso asumiera la presidencia de ese país. La ministra de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Viana Maino, considerada no solo una experta en materia de telecomunicaciones y regulación sino uno de los principales cuadros políticos del Jefe de Estado, lideró desde entonces este proceso en paralelo a otras decisiones que impulsó a lo largo de este año y medio de gestión.
Cuando se iniciaron las primeras conversaciones en torno a la renovación de los contratos de concesión, el gobierno ecuatoriano convocó a la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) para valorar el espectro, a la consultora Bluenote para contar con una mirada orientada a optimizar las cuestiones que se derivarían de los futuros contratos, y a veedores internacionales para hacer el seguimiento del trabajo que, ahora, estará a cargo del CERTAL.
En octubre pasado, el regulador publicó el Modelo de Título Habilitante para la prestación de servicios móviles avanzandos, en donde establece los lineamientos que tendrán los nuevos contratos de concesión que deben renovarse el año próximo y que, entre otras cosas, volverán a extenderse durante 15 años.
Allí también se definieron las obligaciones que tendrán que cumplir las operadoras de telecomunicaciones, al igual que los nuevos valores de pagos de derechos, cómo debe encararse una eventual transferencia de un título habilitante, el pago del 1 por ciento de contribución para el sostenimiento del Fondo de Servicio Universal, tal como surge de la Ley Orgánica de las Telecomunicaciones, y un reporte mensual sobre cantidad de líneas móviles activas como también uno trimestral relacionado con el total de servicios provistos facturados, desde SMS hasta minutos que se procesan en las distintas tecnologías móviles, entre otros conceptos. El modelo de contrato puede leerse desde aquí.
En medio de este proceso, la GSMA publicó hace algo un año su reporte vinculado con los costos de las frecuencias en este país y señaló que “los altos precios del espectro causaron que Ecuador se retrase un año en alcanzar una cobertura 4G del 80 por ciento, en comparación con el promedio regional”. Advirtió, en ese momento, que mientras en 2010 el costo anual del espectro era equivalente al 10 por ciento de los ingresos de las operadoras, ese nivel ascendió hasta el 16 por ciento en 2019, momento en que se convirtió en el más caro de América latina, más de tres veces por encima del promedio regional, que se ubica en torno al 5 por ciento, tal como se puede leer desde aquí.
Como se observa, son varias las organizaciones involucradas en la renovación de los contratos de concesión en Ecuador lo que podría anticipar no solo que se llegue a un puerto que contemple las visiones de las distintas partes, sino también que esto motive un mejor desarrollo de las telecomunicaciones y de las distintas actividades económicas en general.
La telefonía móvil ostenta un 90 por ciento de penetración, mientras la banda ancha fija oscila en el 50 por ciento, de acuerdo a datos de Arcotel de finales de 2020, niveles que experimentaron crecimiento en 2021 según datos de la Asociación de Empresas Telecomunicaciones de Ecuador (Asetel). Para esta entidad, que celebró las reducción de impuestos al sector que se introdujeron en este año, las telecomunicaciones deben ser vistas como el motor del desarrollo del país. De ahí el énfasis que parece haber tomado este proceso en la parte final de su negociación.
