Tuvo 71 votos a favor y 29 en contra. Fue suficiente para que el Senado de México apruebe el proyecto para dar lugar a una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, actividades que fueron reconocidas como servicios públicos de interés general y pilares para garantizar los derechos fundamentales. En materia de conectividad, lo más importante fue la conformación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), como también la reasignación de ciertas atribuciones de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) que pasarán a una nueva Comisión Antimonopolios. La norma, ahora, debe pasar por Diputados.
Esta sanción se logró después de muchos idas y vueltas, y más discusión. La reforma a la norma que regula el funcionamiento del sector en este país planteó como objetivos generales garantizar el acceso a Internet a quienes viven en zonas remotas o no consideradas prioritarias por parte de los operadores privados, fortalecer la conectividad en las comunidades indígenas y afromexicanas, y garantizar el uso social del espectro radioeléctrico. Todo en un contexto de simplificación normativa.
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El cambio también fue el pasaporte a la extinción definitiva del Instituto Federal de las Telecomunicaciones (IFT), que ya había sido eliminado por el Senado. Uno de los puntos más polémicos se relaciona con el mantenimiento de la geolocalización en tiempo real de los celulares y demás dispositivos móviles existentes. Quienes lo cuestionan argumentaron que se trata de una práctica propia de un “gobierno espía”.
La integración de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) es uno de los puntos más importantes que se introdujo en el final de este camino. La nueva entidad fue creada como un órgano administrativo desconcentrado de la ATDT, cuyas facultades fueron reducidas de 66 a 14. Asumirá varias de esas tareas, algo que fue aplaudido por gran parte de los especialistas de la industria de ese país. También porque estará dotada de independencia técnica, operativa y de gestión, lo que presupone que actuará con imparcialidad para el dictado de sus resoluciones.
La CRT estará integrada por cinco miembros, que serán propuestos por el Ejecutivo y refrendados por el Senado. Tendrán que contar con una experiencia mínima de tres años en la industria. Durarán siete años en sus cargos, y no podrán prorrogarlos. El presidente de este entidad será propuesto por la Presidencia de la República.
La cuestión de las sanciones también introdujo novedades. Dejarán de ser atribución de la ATDT para pasar a formar parte de las atribuciones de la nueva Comisión Antimonopolios, que sustituirá a la Comisión de Defensa de la Competencia. Cuando asumió el gobierno de Claudia Scheinbaum y se creó la Agencia, una de las críticas más fuertes fue la falta de independencia del Ejecutivo. Con estas decisiones se supone que se otorga el carácter técnico que se recomienda para este tipo de organismos.
El espectro, en otra frecuencia
El espectro radioeléctrico fue otro de los temas que formó parte central de las discusiones que se efectuaron en los últimos meses. Se incluyó la asignación directa cuando se trata de concesiones de uso público y social que, además, estarán exentas del pago de impuestos. Aquellas operadoras que quieran brindar servicios en zonas remotas también accederán a descuentos fiscales. Una manera de promover la cobertura en las áreas más marginadas.
La Secretaría de Hacienda -hasta ahora la única con capacidad para decidir sobre los precios de espectro, desoyendo las recomendaciones del IFT- ya no tendrá esa potestad. Sólo podrá emitirá una opinión no vinculante. La ATDT será la que, finalmente, tenga la postestad de “fijar contraprestaciones por espectro”.
Sesión Constitutiva de la Cámara de Senadores. Imagen: Senado de México
Para las concesiones en zonas urbanas, la nueva norma contempla la posibilidad del uso compartido, la instauración de pruebas mediante sandboxes regulatorios, al igual que la posibilidad de otorgar espectro para redes inteligentes y plataformas de gran altitud (HABs y HIBs).
Cuando se trate de áreas remotas a las que será necesario alcanzar para cumplir con los principios de conectividad para toda la ciudadanía, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrá a su cargo la provisión de esos servicios de telecomunicaciones. En los últimos meses, esta compañía efectuó una serie de movimientos que, autorizados por el extinto IFT, concluyeron en la compra del 49 por ciento de Altán Redes. Esta última tiene como objetivo reducir la brecha digital, y que desde hace cuatro años está en el centro de la escena tanto por su situación financiera como por la refocalización de su rol dentro del sector.
Privacidad, entre las polémicas
Los aspectos polémicos de esta norma aprobada se vinculan con la asociación entre líneas y usuarios, la intervención en precios y la privacidad de los usuarios.
La nueva ley exige que las líneas de móviles, prepagas o pospagas, deben estar asociadas a usuarios con datos oficiales. En otras palabras, cada línea tiene que corresponderse con un documento de identidad. Cuando esa relación no se pueda establecer, las operadoras tendrán que inhabilitar la línea. Cada caso que se encuentre en esta situación tendrá que ser normalizada en un plazo de 120 días hábiles como máximo. De lo contrario, serán dadas de baja. Esta medida también fue muy debatida por entender que reflotaba la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), considerado inconstitucional tres años atrás.
Así quedó expresado en el artículo 103: “Los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones que presten el servicio móvil de telefonía, únicamente podrán activar y mantener activo el servicio de aquellas líneas que estén asociadas a usuarios finales que hayan presentado una identificación oficial”.
Las compañías de telecomunicaciones tendrán que guardar durante dos años llamadas, mensajes, duración, origen y destino de las telecomunicaciones. Fiscalías, policía e inclusive el ejército podrán acceder a esa información sin mediar orden judicial. A esto se suma que las operadoras tendrán que entregar en tiempo real la información de geolocalización de los dispositivos. Estos puntos, vinculados con la privacidad, son los que más cuestionaron los senadores pertenecientes al PRI, al PAN y al PRD, en la tarde del sábado, cuando se sancionó el proyecto.
Sobre el control de precios, se aprobó una reserva que hizo obligatoria la supervisión de los valores a los que se venden los equipos móviles, aunque siempre on la mirada de control de parte de la CRT.
Uno de los puntos que generó mucho contrapunto fue el del bloqueo de plataformas digitales que infrinjan comportamientos contemplados en ésta o en cualquier otra norma. Se avanzaba en la idea de bloquear cualquier sitio web en esa condición pero, finalmente, se echó por tierra con esa idea. Quienes se oponen a estas determinaciones aseguran que el riesgo es que pueden quedar bloqueados otros sitios web y, así, perjudicar al ecosistema en general y a sus usuarios sin que se resuelva el problema de fondo.
En materia de difusión también hubo varias novedades, relacionadas con la defensoría de las audiencias, la definición de códigos de ética en los distintos medios y la limitación a la difusión de contenidos informativos y opinión de origen extranjero. Temas que generaron amplios debates por la relevancia que esto suscita en términos de libertad de expresión.
La norma sancionada por el Senado ya pasó a Diputados que tendrá hasta el próximo 2 de julio para analizarlo. Ya se anticipa que varios de los temas que generaron mayor rispidez en la Cámara Alta volverán a ponerle picante a la discusión.
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