“Shock de desregulación”. Así fue presentada la apuesta regulatoria del Gobierno de Perú y en la que se inscribió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones (DGPRC), para delinear algunos cambios vinculados a la gestión ambiental telco.
El MTC adelantó que, en ese camino, diseña tres iniciativas normativas tendientes a “optimizar” la gestión ambiental de los proyectos de telecomunicaciones. Se trata de tres propuestas para achicar trámites y redefinir alcances para “facilitar el despliegue de infraestructura sin dejar de lado la protección del medio ambiente”.
Una de las normativas propuestas prevé que los despliegues que tengan bajo impacto ambiental no deban presentar una Ficha Técnica Ambiental (FTA) y, con ello, reducir sus trámites. El beneficio que se subraya, en este caso, radica en reducir un 42 por ciento la carga administrativa y eliminar la obligatoriedad para los más de 8.000 proyectos que se presentan cada año ante la cartera. Esto, por ejemplo, se traduce en un ahorro de 2,5 millones de soles anuales (703.630 dólares).
Otra de las normas insta a actualizar los criterios técnicos que determinan cuándo un proyecto debe pasar por una Evaluación de Impacto Ambiental (EVAP), en función del tamaño y el alcance de la infraestructura. Esta iniciativa, por ejemplo, apunta a que la regulación acompañe la innovación tecnológica del caso. El trámite en el EVAP involucra plazos hasta 30 días hábiles y la idea es que se remitan al FTA para achicar esa ventana de tiempo.
La tercera, por su parte, involucra “simplificar diversos puntos del Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Comunicaciones”, entre cuyas tareas destaca la aprobación automática de FTAs y la ampliación de plazos para la adecuación ambiental de proyectos en curso. Aquí, la expectativa es agilizar el despliegue de los 20.100 proyectos ejecutados al año.
El tema del impacto ambiental de las telcos en Perú propició varias discusiones y, para definir la nueva letra, el MTC abrió un proceso participativo con gremios como AFIN, AMCHAM y COMEX. La cuestión normativa en torno a los despliegues de infraestructura es una preocupación regional.
