El Estado mexicano dejó de recaudar al menos 10.000 millones de dólares en apenas cinco años debido a la política mantenida en torno al espectro, básicamente, su costo para las operadoras. Y la perspectiva es que, si se mantiene esta forma, las consecuencias hacia adelante se traducirán en un mercado más asimétrico y menores posibilidades de inversión en despliegues, especialmente 5G. El fisco continuaría percibiendo menos dinero por ese concepto, por supuesto.
Espectro. Imagen: Mintic.
Es lo que concluyó la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU), que brindó un panorama sobre el sector de las telecomunicaciones de México al segundo trimestre de 2025, en el que expuso datos concluyentes: “Entre 20219 y 2024 se han dejado de recaudar un total de 18.700 millones de pesos mexicanos”, dijo Radamés Camargo, analista de The CIU. Es decir, 10.000 millones de dólares en un lustro.
Pero esta cifra es todavía mayor si se incluyen el espectro devuelto en el período analizado y los bloques que quedaron desiertos en diversas licitaciones, como la IFT-11. La consultora estimó que, con estos conceptos, ese valor asciende a unos 6.400 millones de pesos mexicanos por año, tal como lo reveló el medio ConsumoTIC. En dólares son, nada menos, que unos 3.500 millones de dólares. De modo que, si se proyecta en el total de los cinco años, lo que dejó de recaudar el fisco superaría los 17.000 millones de dólares.
Sobrevaluación y pérdida
¿De dónde sale esa cifra? De añadirle, al precio total del espectro, el pago inicial y los derechos anuales. Ese valor general supera el benchmark internacional en un 76 por ciento, aseguró Camargo. Las bandas AWS/PCS son en donde se advierte más claramente esa sobrevaluación pues se ubican un 112 por ciento por encima del promedio global, que es del 48 por ciento.
Inteligencia artificial – Crédito: Pixabay – Yamu Jay
Con la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), organismo que se ocupó de recomendar a las autoridades pertinentes la conveniencia de bajar el costo del espectro para incentivar inversiones y despliegues, ¿quién tomará el rol de efectuar esas recomendaciones? Mientras se constituyen las autoridades regulatorias con nuevos alcances, la consultora aventuró que esa tarea podría ser asumida por la Secretaría de Economía.
Ernesto Piedras, presidente de The CIU, consideró que el tema podría aparecer cuando se revise el Tratado Comercial T-MEC. “Desde el gobierno de México hacia el de Estados Unidos, podría ser una buena señal tener una baja notoria en el precio de los derechos del espectro. Como si México dijera: ‘estoy teniendo por primera vez un gesto de consideración a favor de las empresas, la competencia, el precio y el costo de este insumo esencial‘”, dijo el experto.
Tratados comerciales de trasfondo
La especulación tiene sentido ya que Camargo recordó que, meses atrás, la oficina de representación comercial de Estados Unidos mencionó al sector de las telecomunicaciones como uno en donde existen barreras comerciales. Y mencionó, en aquel momento, tres ejes a atender: la existencia de un operador preponderante que no para de crecer -en alusión directa a Telcel-, los riesgos que implica eliminar a un organismo regulador autónomo, y los altos costos del espectro.
Para The CIU no es descabellado pensar, por estas razones, que el tema se ponga en discusión cuando se inicien esas tratativas. Y, a la hora de proponer otras medidas que ayuden a mejorar la composición de los costos involucrados en la cadena de valor del sector, recordó propuestas efectuadas por el IFT y que nadie se ocupó de considerar.
Una de esas ideas era reducir en un 50 por ciento las cuotas de derechos a medida que se iba asignando espectro disponible, o fijar un pago del 1 por ciento sobre los ingresos anuales para compensar el impacto fiscal, como medida temporal aunque con una duración de 30 años.
También se consideró una medida similar para favorecer el despliegue de 5G que en este país no tiene mucho avance. The CIU también señaló que recudir los derechos de las bandas en un 3 por ciento y ajustar el pago por el uso secundario podría garantizar orden y equidad. Decisiones en este sentido podrían motivar, además, el ingreso de nuevos operadores y, con ello, más inversiones. La mayor competencia que se desprendería de un movimiento en este sentido generaría, a su vez, mejores servicios a la ciudadanía.
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