Chile ostenta una de las mejores posiciones en conectividad de América Latina y ocupa uno de los principales lugares del mundo en velocidad de fibra óptica. Sin embargo, la industria no quiere quedarse quieta y busca seguir atrayendo inversiones para convertir al país en un hub regional capaz de soportar servicios digitales más sofisticados, apoyados en data centers preparados para atender la creciente demanda tecnológica, como la que impulsa la inteligencia artificial. Para ello se requiere una infraestructura digital robusta, entre ella la de torres de telecomunicaciones. Hubo una ley que ordenó su instalación y trajo beneficios. Pero llegó la hora de cambiar porque los tiempos también cambiaron.
Un informe publicado por la Cámara de Infraestructura Digital de Chile (Idicam) mostró la necesidad de avanzar hacia una nueva regulación para la instalación de antenas de servicios móviles. La normativa vigente – ley 20.599- data de 2012 y la industria ha soportado una fuerte transformación desde entonces. El estudio plantea que la torre, por más que soporte servicios móviles, dejó de ser móvil. Las demoras de hasta dos años para obtener permisos para instalar nuevas estructuras, los criterios de autorización dispares entre municipios y la falta de definición de áreas preferentes para infraestructura impiden expandir los despliegues e, incluso, mejorar los existentes.
Esta situación demuestra cómo un problema de tipo inmobiliario termina convirtiéndose en una cuestión de competencia. ¿Por qué? Porque el consumo de datos móviles en América Latina se multiplicó casi 16 veces durante la última década, lo que dejó en evidencia la creciente relevancia de estos servicios en la vida cotidiana de las sociedades.
“Las empresas de servicios móviles se han visto en la obligación de invertir cifras equivalentes a casi el 25 por ciento de sus ingresos anuales en el despliegue de infraestructura para soportar este explosivo crecimiento, lo que ha mermado la rentabilidad y la sostenibilidad económica de la industria”, puntualizó el informe titulado Estudio de rentas de suelo digital, elaborado por G&A Consultores.
Al ritmo del mundo
Ese comportamiento también se observa en Chile, aunque con un factor diferencial respecto del resto de la región: cuatro operadores móviles compiten por el mercado. Como consecuencia de esa competencia, el ARPU de Entel, Movistar, Claro y WOM se redujo casi un 20 por ciento entre 2015 y 2025, lo que también provocó una contracción en la rentabilidad de las operadoras.
Estudios de rentas de suelo digital – G&A Consultores para Idicam
Si a esa reducción de los márgenes se suman nuevos desincentivos para invertir, el panorama para fortalecer la infraestructura digital se vuelve más complejo. Es en este punto donde el reporte destaca que la movilidad que deben brindar las operadoras deja de ser tal cuando quedan sujetas a diversas restricciones, entre ellas las vinculadas con la ubicación y la reubicación de sus torres.
Aquí aparece una de las principales advertencias del informe: el valor del suelo donde se emplazan las antenas es excesivo en determinadas zonas debido a que los propietarios ejercen un poder monopólico y cobran alquileres muy por encima del valor de mercado. Este fenómeno, conocido como rent seeking, se convierte en otro desincentivo para la inversión y, a la larga, terminará impactando “en una menor cobertura territorial de las redes móviles y una degradación de la calidad de servicio en las zonas donde ocurre (principalmente en zonas extremas o con baja densidad)”, agregó el reporte.
Chile aparece como uno de los países con el costo de suelo más alto de la región. De hecho, en determinadas zonas ese valor puede representar más del 45 por ciento del costo operativo de un sitio, cuando en los modelos eficientes no debería superar el 15 por ciento. Esta situación contribuye a retrasar o, directamente, desincentivar nuevas inversiones, comprometiendo proyectos y políticas de largo plazo, como la aspiración de convertir al país en un hub regional.
Políticas que pueden debilitarse
Chile cuenta con una Guía de Inversión en Data Centers que busca posicionarlo como destino para la instalación de nuevos centros de datos, sin dejar de lado las políticas orientadas a reducir la brecha digital y llevar a las zonas rurales el mismo nivel de conectividad disponible en las áreas urbanas.
Entre las conclusiones del estudio se plantea una serie de recomendaciones que van desde revisar la normativa vigente para introducir cambios acordes con el contexto actual y generar los incentivos necesarios para atraer nuevas inversiones, hasta crear un catastro público de terrenos fiscales disponibles para el emplazamiento y/o reubicación de torres.
El reporte también sostiene que es necesario incentivar la compartición de infraestructura, promover el despliegue en zonas rurales y de bajo retorno, y fortalecer el uso de infraestructura pasiva existente. Respecto del suelo, propone declararlo de uso “imprescindible” para la prestación de los servicios móviles, de modo que, cuando surjan controversias sobre su valor, se pueda recurrir a una autoridad de competencia para dirimir la situación, entre otras recomendaciones regulatorias que pueden leerse desde aquí.
Este informe fue presentado el año pasado por Idicam junto con la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) en la Universidad Diego Portales (UDP), durante la gestión anterior. El próximo 6 de agosto volverá a presentarse en la Universidad de Concepción, con el objetivo de seguir ampliando la discusión entre los distintos actores involucrados.
El objetivo del estudio es impulsar los cambios regulatorios necesarios para dinamizar las inversiones en telecomunicaciones. También está claro, entre quienes lo promovieron, que se trata de un proceso que demandará tiempo, motivo por el que buscan acelerar su discusión.
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