Cinco años después de haber declarado a Internet como servicio público, Colombia declaró ahora a las telecomunicaciones como un activo estratégico de la nación. Se comprometió a proteger esa infraestructura crítica con la misma determinación que defiende sus territorios. El gobierno de ese país tomó esa decisión el viernes pasado tras señalar que cualquier caída de redes o de centros de datos paraliza la economía y la capacidad de respuesta del Estado. La medida parece responder a los tiempos que atraviesa el mundo mientras se avanza hacia el segundo cuarto de siglo XXI.
Serán a partir de ahora dos ministerios los que tengan incumbencia en este país sobre las redes de telecomunicaciones: el de Defensa y el TIC. Lo que harán, en verdad, será reactivar el trabajo conjunto para actuar ante vulnerabilidades y amenazas, especialmente las del narcoterrorismo que, señalaron, ahora se apalanca en las plataformas digitales para extorsionar y reclutar menores.
Colombia reincorpora a Defensa en la gestión de las infraestructuras críticas
¿Cómo se protegerán estas infraestructuras? Un equipo del Ministerio de Defensa se reinstalará de manera permanente en el MinTIC, a cargo de “coordinar la protección de las redes y la respuesta inmediata ante incidentes”, tal como se indicó en el comunicado oficial. Allí se aseguró, además, que este es el camino para garantizar “la seguridad física, jurídica, tecnológica y cibernética del país”.
El anuncio encierra diversas implicancias. La primera pregunta que surge es qué cambió en cinco años para que Internet pase de ser un servicio público a una infraestructura crítica que debe ser resguardada también por el ministerio de Defensa. Con la ley 2108 de 2021, durante la presidencia de Iván Duque, en plena pandemia, se estableció que el acceso a Internet debería prestarse de manera eficiente, continua y permanente, especialmente en las zonas vulnerables, rurales y remotas.
Carácter esencial fortalecido
Hoy se da un paso más, porque sin dejar de ser un servicio público ahora se reforzó su carácter esencial para garantizar la continuidad de la economía, de la conectividad que atraviesa a cualquier estamento de la sociedad. Esa transversalidad es lo que la convierte hoy en un activo estratégico frente a amenazas físicas, tecnológicas y cibernéticas.
Y que el status de las telecomunicaciones se haya incrementado va en línea directa con lo que está ocurriendo en el mundo postpandemia: el advenimiento de guerras que, en su momento, se creían cortas y que ya llevan cuatro años, tal como sucedió con la invasión de Rusia a Ucrania. La creciente tensión internacional, por cuestiones políticas y/o comerciales, son las que están llevando a los gobiernos a darles un carácter estratégico a las telecomunicaciones, tal como sucede en cualquier conflicto bélico.
Vuelos de guerra – Unsplash: Ux Gun
Las decisiones tomadas en 2021 con las actuales son decisiones diferentes pero complementarias. Hasta podría afirmarse que la consideración de Internet como servicio esencial y/o público toma todavía mayor envergadura al pasar a ser una infraestructura crítica a resguardar ahora por más organismos dentro del Poder Ejecutivo de un país.
A Colombia llegan 12 sistemas de cables submarinos (incluido Manta, en proceso de construcción y despliegue), cuenta con 41 centros de datos, por ahora ninguno de hiperescala, de acuerdo a los datos oficiales del MinTIC y de la Comisión Reguladora de Comunicaciones (CRC) hasta noviembre de 2025.
Entre los servicios móviles, la red 4G es la dominante ya que cuenta con una cobertura de 94,5 por ciento, seguida por 3G con un 76 por ciento de permanencia aunque en retroceso. Las redes 2G poseen todavía un alcance de 25 por ciento mientras que 5G, pese a que se cumplirán tres años de su licitación, llega a un despliegue de apenas 5,2 por ciento. La fibra óptica representa el 55 por ciento del total de los accesos fijos, aunque todavía persisten tecnologías de banda ancha anteriores, como el cablemódem, y el cobre, a los que se suman los enlaces satelitales, también en franco crecimiento. A esta disponibilidad de infraestructura se suma que el 21 por ciento de la población vive en zonas rurales, según el Banco Mundial.
Supervisión a 360°
Proteger infraestructura crítica implicará supervisar tanto lo que eventualmente pueda suceder desde el mar Caribe – a donde llegan 11 cables submarinos- hasta el Pacífico, donde se prevé Manta. También dedicar esfuerzos a los activos terrestres, y observar la vinculación con la complementación satelital. La redundancia vuelve a imponerse como existencia de una estrategia de salida ante un incidente que se produzca en cualquier instancia de esta red como un todo.
Proteger las redes y garantizar su resiliencia no es lo mismo, aunque también puedan ser conductas complementarias. La seguridad no podrá limitarse a prevenir y/o minimizar ataques, sino sobre todo a detectar fallas, disponer de rutas alternativas -la redundancia-, recuperar servicios y asegurar la continuidad operativa.
¿Qué antecedentes existen para fundamentar el paso que está dando Colombia en este sentido? En Brasil, la Anatel cuenta con un Reglamento de Seguridad Cibernética Aplicada a las Telecomunicaciones. Allí se establecieron requisitos de seguridad para requipos, redes y usuarios. Además, se creó el Grupo Técnico de Seguridad Cibernática y Gestión de Riesgos de Infraestructura Crítica (GT-Ciber) que reúne al regulador con los operadores de telecomunicaciones alcanzados por las obligaciones. En Colombia aún se desconoce ese alcance.
La Unión Europea (UE), por su lado, estableció la directriz 2022/2557, conocida como CER, en donde se identifican las infraestructuras críticas y se busca su resiliencia frente a incidentes para prevenir interrupciones a los servicios esenciales. Se complementa con la Directiva NIS2 que está centrada en ciberseguridad y gestión de riesgos digitales de manera específica. Son dimensiones no equivalentes aunque deben estar coordinadas.
Estados Unidos a la cabeza
En Estados Unidos, la agencia federal CISA definió a las telecomunicaciones como esenciales para el funcionamiento de sectores como energía, agua, transporte, emergencias, servicios financieros, y tecnologías de la información en 2013. A la inversa, las redes requieren de electricidad, sistemas informáticos y logística para funcionar. Es decir, su abordaje es complementario donde un sector debe garantizar la operatividad del otro.
La profundización del status de las telecomunicaciones en solo cinco años en los países responde a la intensificación de los conflictos comerciales y/o bélicos, como se señaló anteriormente. De ahí la necesidad de coordinar tareas con Defensa, y de priorizar la resiliencia de las infraestructuras físicas y digitales. La geopolítica explica gran parte de la urgencia a la que asistimos, de la aceleración de las medidas que se toman de cinco años atrás a esta parte.
Imagen: dhester/ MorgueFile
En 2013 Estados Unidos ya había definido una política nacional para fortalecer la seguridad y la resiliencia de las infraestructuras críticas, incluidas las telecomunicaciones. El poder que mostraba 4G y la fibra óptica en ese entonces era motivo para ir en esa dirección.
La creciente digitalización de procesos y sistemas a nivel global y regional obliga también a acelerar estas medidas, como la que ahora toma Colombia. La pregunta que queda flotanto es qué costo supondrá esto para los distintos proveedores de telecomunicaciones.
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