Claro quiere absorber cerca de 32.000 kilómetros de fibra óptica de Azteca Comunicaciones Colombia (ACC) y del Proyecto Nacional de Fibra Óptica (PNFO), con presencia en 893 municipios, y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) recomendó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) reforzar las condiciones de acceso, capacidad, calidad y no discriminación en caso que autorice la integración. En un concepto técnico complementario publicado esta semana, el regulador sostuvo que los compromisos ofrecidos por la empresa cuyo nombre legal en Colombia es COMCEL no permiten, en su formulación actual, descartar los riesgos competitivos asociados al control de la red de transporte.
Se trata de una operación que está sometida a la decisión de la SIC, luego que fuera presentada en febrero de este año para su análisis, y cuya eventual autorización de competencia no sustituirá la aprobación que debe otorgar el Fondo Único TIC (Futic) para cederle a la empresa que controla a Claro en ese país, la posición contractual de ACC en el Proyecto Nacional de Fibra Óptica (PNFO). Esa cesión, a su vez, requiere de una verificación previa de sus condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operativas del posible cesionario.
En palabras de la CRC, la red de ACC comprende aproximadamente 874 rutas y es el único proveedor de fibra en 778 de ellas; mientras que en otras 67 existe una sola alternativa y, en 33 de esos casos, esa alternativa corresponde a Claro. Más de 250 operadores utilizan la infraestructura y, de concretarse esta operación, cerca de 32.000 kilómetros de fibra de ACC con presencia en 893 municipios pasarían a manos de COMCEL.
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En el plano territorial, la Comisión calculó que 582 municipios quedarían con un único prestador de red de transporte y que otros 104 tendrían una oferta limitada. El efecto potencial no se restringe al mercado mayorista de capacidad: esa infraestructura conecta redes fijas y estaciones base móviles, por lo que las decisiones sobre provisión, ampliación, enrutamiento, mantenimiento y reparación pueden incidir en operadores que compiten con Claro en Internet fijo y servicios móviles.
La propuesta del regulador
El punto técnico es que mantener una oferta formal de acceso no garantiza por sí solo condiciones equivalentes. Un operador verticalmente integrado puede diferenciar el servicio mediante tiempos de factibilidad más largos, menor capacidad de respaldo, rutas menos directas, ampliaciones tardías o una prioridad distinta en la reparación. Por esa razón, la CRC propuso comparar el tratamiento concedido a las operaciones propias de COMCEL, a sus empresas vinculadas y a terceros mediante datos sobre provisión, capacidad, disponibilidad, latencia, pérdida de paquetes, restauración y tasas de rechazo.
Por su parte, COMCEL ofreció mantener durante tres años el acceso mayorista a las redes adquiridas bajo condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias, así como publicar una oferta de referencia. También planteó conservar por ese periodo los contratos mayoristas vigentes, tramitar solicitudes de acceso y ampliación con criterios equivalentes e implementar un protocolo para separar la información sensible de los clientes mayoristas de sus áreas minoristas.
Sin embargo, la CRC consideró que parte de esas propuestas reproducen obligaciones legales, regulatorias o contractuales ya vigentes. Por ejemplo, del cumplimiento de las reglas aplicables a roaming automático nacional (RAN) y operadores móviles virtuales (OMV), así como de varias obligaciones de acceso asociadas al PNFO. El regulador también señaló que expresiones como “condiciones comercialmente razonables” no establecen parámetros técnicos o económicos que permitan comprobar su cumplimiento.
Por ello, la Comisión recomendó que una eventual autorización preserve las condiciones efectivamente prestadas antes del cierre, incluidas capacidad, rutas, disponibilidad, niveles de servicio, tiempos de reparación, precios y descuentos. La protección debería abarcar tanto la infraestructura del PNFO como la red desplegada por ACC con recursos propios y los trayectos donde ambas funcionen conjuntamente. Cualquier diferencia entre las operaciones de COMCEL y las solicitudes de terceros tendría que responder a razones objetivas, documentadas y verificables.
Especificaciones ruta por ruta
Asimismo, la CRC propuso exigir una oferta mayorista actualizada con información sobre rutas, nodos, capacidad disponible y técnicamente provisionable, condiciones económicas, plazos de instalación y ampliación, niveles de servicio y causales de rechazo. No planteó reservar un porcentaje uniforme de capacidad ni establecer una tarifa general para toda la red: las medidas deberían definirse ruta por ruta, en función de la disponibilidad de alternativas técnicas y económicas.
Otro tema de análisis radica en el manejo de información comercial. De aprobarse la operación, COMCEL podría acceder a datos sobre capacidad contratada, rutas, ampliaciones previstas, incidentes, precios negociados y planes de despliegue de operadores que también compiten con ella en el mercado minorista. Por ello, la CRC recomendó controles de acceso, autenticación individual, trazabilidad y auditoría para impedir que esos datos sean utilizados en decisiones comerciales de precios, expansión, retención o focalización de clientes.
Inclusive, COMCEL propuso un periodo de 30 meses para estabilizar la red y llevar la infraestructura del PNFO a los niveles contractuales aplicables; algo que la Comisión aceptó dado que un plan progresivo puede ordenar las mejoras, pero advirtió que ese plazo no debería funcionar como una excepción a las obligaciones de calidad, continuidad y trato no discriminatorio. Para los 170 municipios sujetos a regulación previa en el mercado mayorista portador, los objetivos de disponibilidad aplicables desde el 1 de julio de 2027 deberán ser superiores al 97 por ciento, según el documento que publicó el organismo, disponible aqui.
La CRC también pidió que la verificación no dependa únicamente de certificaciones elaboradas por COMCEL y que incluya auditorías independientes basadas en solicitudes, órdenes de servicio, asignaciones de capacidad, incidentes, reparaciones, precios y descuentos. También recomendó evitar el vencimiento automático de las condiciones al cabo de tres años o por la expedición de una regulación posterior: cualquier modificación debería quedar sujeta a una decisión expresa de la autoridad.
Así, la cuestión de fondo para la SIC pasará por dirimir si la preservación de la red puede acompañarse de reglas comprobables que mantengan el acceso mayorista y la capacidad de competir de los operadores que dependen de ella.
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