Latinoamérica ha avanzado de manera notable durante los últimos años en el ámbito de la digitalización; sin embargo, todavía enfrenta retos considerables y trabaja arduamente para reducir las brechas existentes en la materia, tanto entre países como entre grupos poblacionales al interior de estos. El adelanto tecnológico reciente, generado fundamentalmente a partir de la convergencia digital, y las expectativas de desarrollo que se observan con la consolidación inminente de las redes 5G, plantean para la región retos y oportunidades adicionales que deben ser atendidos de manera conjunta entre los sectores público y privado para lograr que nuestros países aprovechen de forma óptima los beneficios que esta transformación puede ofrecer para toda la población.
En un escenario que desafía los paradigmas regulatorios adoptados hasta el día de hoy, es urgente situar a la digitalización en el marco de una política de Estado, la cual promueve el desarrollo de inversiones e impulse la generación de oportunidades de negocio a partir del aprovechamiento de los servicios digitales. Esto debe llevarse a cabo con base en normas y criterios que den certeza jurídica a los participantes del sector y establezcan adecuadas para que estos participen en el ecosistema digital en igualdad de condiciones en términos regulatorios y de obligaciones.
Considerando la importancia de la digitalización para el crecimiento económico y el desarrollo social, resulta fundamental implementar mecanismos que reduzcan los altos costos que implica el despliegue de infraestructura y favorezcan la implementación de soluciones digitales que ofrezcan beneficios a la población latinoamericana y generan valor para la región.
