Esta semana ha dejado algunos sucesos históricos para América latina, desde el punto de vista de la aprobación de nuevas leyes que sientan un precedente que puede transformarse en una tendencia en la región. Mientras en Argentina el Senado de la Nación convirtió en ley el matrimonio entre personas del mismo sexo, transformando al país en el primero de Latinoamérica en este aspecto, en Chile la Cámara de Diputados aprobó el martes las modificaciones a la ley de Telecomunicaciones, que introduce el concepto de “neutralidad de red” a la normativa. De esa manera se convierte en el primer país del mundo que legisla al respecto, lo que no es de extrañar, ya que Chile históricamente se ha caracterizado por ser un mercado que marca tendencia en lo referente a telecomunicaciones dentro de la región.
El concepto de “neutralidad de red” consta, en definitiva, de nuevos derechos y obligaciones para los usuarios y para los proveedores de servicios de Internet. En primer lugar, la regulación prohíbe a los ISP “interferir, discriminar o entorpecer de cualquier forma los contenidos, aplicaciones o servicios, salvo acciones destinadas a garantizar la privacidad de los usuarios, la protección contra virus y la seguridad de la red”. Además, se introduce la herramienta de control parental, a través de la cual el usuario puede pedir que se bloqueen ciertos contenidos que recibe.
Por otro lado, la modificación de la ley obliga al proveedor a entregar a su cliente, y de forma escrita, una serie de datos que le permitan identificar correctamente el servicio contratado. Esto, dicen algunos actores del sector, permitirá una competencia más abierta y limpia, y fomentará el ingreso de nuevos jugadores al mercado. No obstante, el impacto más palpable de este apartado se dará dentro del ámbito de los clientes, ya que aclarará los contratos de servicio, eliminando zonas grises, y determinará cuáles son los derechos y servicios que posee el usuario frente a su compañía de Internet.
Los otros puntos destacados de esta ley son: la obligación de garantizar la privacidad de los usuarios, la protección contra virus y la seguridad de la red, y “garantizar el acceso a todo tipo de contenidos, servicios o aplicaciones disponibles en la red” y ofrecer un servicio que no distinga contenidos, aplicaciones o servicios, basados en la fuente de origen del mismo o de la propiedad de éstos. Asimismo, prohíbe las actividades que restrinjan la libertad de los usuarios para el uso de los contenidos o servicios salvo expresa petición de los usuarios. Esto último implica que el usuario podrá acceder a todos los contenidos, sin restricciones y sin que un contenido baje más rápido que otro, producto de acuerdos comerciales entre el ISP y determinado proveedor de contenidos. Adicionalmente, el reglamento establece sanciones a los proveedores de Internet que intenten imponer restricciones al acceso a la red.
Otro aspecto para destacar en lo referente al surgimiento del concepto de neutralidad de red es la unanimidad que obtuvo en su aprobación. El proyecto fue presentado por diez diputados de distintas bancadas y apoyado por el Ejecutivo, tanto de la administración actual como de la anterior. Y la modificación de la ley de telecomunicaciones que permite estas nuevas disposiciones regulatorias obtuvo 100 votos a favor y una abstención en la Sala de la Cámara de Diputados. Además, el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Felipe Morandé, dijo que existe un fuerte respaldo del Gobierno a la iniciativa, y aseguró que para las autoridades es prioritario avanzar en mayor conectividad, por lo que se harán esfuerzos para extender la cobertura de la banda ancha. La idea, según el Ministro, es alcanzar el cien por ciento de cobertura en ocho años.
La nueva regulación chilena en el sector de Internet es pionera en la región y en el mundo, introduciendo la neutralidad de red. Incluso recién ahora está comenzando el debate de la temática en Europa. A fines de junio, y hasta el 30 de septiembre, la Comisión Europea (CE) puso en marcha una consulta pública sobre la neutralidad de red, para determinar si los operadores pueden estar autorizados a realizar prácticas en la gestión del tráfico en Internet que privilegien a ciertos servicios o aplicaciones sobre otros. La CE también pretende esclarecer si el marco regulador de las telecomunicaciones alcanza para garantizar la transparencia y competencia entre los diferentes proveedores de servicios de Internet, y abrir las posibilidades de mayores derechos para los usuarios. Los resultados de esta consulta pública servirán para elaborar un informe que será presentado a fines de este año, y determinará si es necesario impulsar modificaciones al marco regulatorio actual.
