Las idas y vueltas judiciales entre el Gobierno de Felipe Calderón y Telmex parecen no tener fin. Recientemente ambos protagonistas reafirmaron sus posiciones para reavivar el fuego: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le negó la modificación del título de concesión a Telmex y la empresa de Carlos Slim aseguró que no cambiará sus planes originales para entrar en la televisión paga y que rechazará judicialmente la resolución. Y para echarle aún más leña al fuego, el Gobierno asegura que no tiene nada en contra de Telmex y acto seguido le impone una multa millonaria.
La Comisión Federal de Competencia (CFC) le envió una multa de casi ocho millones de dólares por la negativa de Telmex de interconectar a GTM durante siete meses entre el 2007 y el 2008. El argumento oficial es que la compañía violó la Ley Federal de Competencia Económica ya que Telmex tiene una posición clave en el mercado de interconexión por su rol dominante y así impidió “sustancialmente el acceso al mercado de la telefonía”. Como si tratara de una aventura de Marthy Mcfly en Volver al Futuro, la realidad indica que en 2011 se consigue una sanción correspondiente al 2007. Idas, vueltas y eternas dilataciones que se consiguen en los procesos judiciales.
Pero los ocho millones de dólares son apenas una pequeña tirada de orejas para el holding mexicano que ya recibió otra sanción en este año. En abril, la CFC le aplicó una multa de más de 1.000 millones de dólares a Telcel por reincidencia en prácticas anticompetitivas. Sí, 1.000 millones, aunque cueste contar los ceros. La abismal penalidad -que es una buena candidata para los récords guinness- llegó tan sólo un mes después de que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) consiguiera -a través de un fallo de la Corte Suprema- que las tarifas de interconexión que establezca no puedan ser suspendidas por los operadores mediante la presentación de amparos en la justicia.
Actuando por todos los frentes de batalla, el Gobierno trabaja para ser el encargado de delimitar las reglas del mercado de las telecomunicaciones. Pero por si aparece algún analista rápido de conjeturas, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, aclaró que el Gobierno no tiene nada contra las empresas del magnate mexicano. “Simplemente se aplica el marco regulatorio y queda abierta la posibilidad de que presenten una nueva solicitud”, agregó con forzado tono amistoso intentando ocultar el turbulento historial. La propuesta de comenzar el trámite de nuevo suena más a una apuesta para dilatar las definiciones, a ver quién se cansa primero, juego de la dilatación al que Telmex siempre ha estado dispuesto a jugar.
Ante la invitación oficial, Telmex no se quedó de brazos cruzados. Enfatizó que volverán a realizar la solicitud y con absulta calma siguió al pie de la letra los pasos que marca el habitual manual de procedimiento ante emergencias: apelar judicialmente la medida tomada por considerarla carente de fundamentos. Y como si fuera poco, no tardaron en desmentir un acuerdo con la empresa de TV satelital Dish para entrar al mercado del triple play y de esta manera reafirmar la intención de entrar al negocio de la televisión con autonomía e independencia comercial. A esta altura, la calurosa relación ya tiene llamas difíciles de apagar y la única certeza es que el departamento legal de Telmex tendrá bien justificado su sueldo durante los próximos meses.
Debe estar conectado para enviar un comentario.