El proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación que viene impulsando el Gobierno de Evo Morales no para de levantar polémicas, todas ellas registradas en el historial informativo de TeleSemana.com. No es para menos, ya que es entendible que un protagonismo del Estado para cambiar el status quo de las frecuencias despierte el temor de los que históricamente fueron dueños de las comunicaciones.
Lo que sí sorprende es cómo aquellos dueños tratan de esconderse en uniformes que no les corresponden para criticar al proyecto y causar impacto en la opinión pública. Medios bolivianos como internacionales se hacen eco de diferentes declaraciones para alertar cómo impactará la nueva reglamentación y los “riesgos” que traerá “para el periodismo”.
En cuanto a la atribución de frecuencias, la propuesta es clara: establece que el 33 por ciento estará en manos privadas, otro 33 por ciento en manos del Estado, mientras que el porcentaje restante estará dividió en dos bloques de 17 por ciento para que uno sea manejado por organizaciones campesinas y el otro por entidades comunitarias.
Bien, uno ingenuamente esperaría que el sector privado salga con la tapones de punta a cuestionar el 33 por ciento que recibiría el Estado, pero no fue así. Las críticas se encolumnaron detrás del argumento que sostenía que el Gobierno podría controlar hasta un 66 por ciento del espectro debido a su relación con las organizaciones indígenas y sociales. Luego de calmar mi risa interna ante descarado planteo, me pregunté –otra vez ingenuamente- qué saldrían a contestar las organizaciones sociales luego de ser calificadas como simples entes sumisos que responden a intereses oficiales. Probablemente la respuesta nunca llegue porque en el panorama actual no tienen voz ni voto.
Pero claro, aquél argumento no les causará ningún titubeo a quienes están convencidos de la injustica de sumar nuevas voces. Para ejemplificar tomo las declaraciones del presidente de Asociación de Radiodifusoras de Bolivia (Asbora), Raúl Novillo, quien indicó sin pelos en la lengua que más del 90 por ciento de las radios son de propiedad privada y que “con la nueva ley cambiaría o estaríamos obligados a cambiar, violando todo principio democrático de pluralismo informativo”. Que alguien me explique de qué pluralismo estamos hablando.
Quienes coincidan tendrán dos maneras de justificar su opinión: creer que una relación de 90 por ciento versus 10 por ciento es un valor democrático de pluralismo o creer que dentro del 90 por ciento privado hay pluralidad de voces. Si alguien defiende el segundo argumento, lamento arruinarles la ilusión, pero los grandes medios periodísticos no son sinónimo de periodismo plural, son empresas. Sus directivos no son periodistas, sino empresarios. Y en muchos casos quienes lo integran no son periodistas, sino empleados. No digo que esto esté mal. Son empresas defienden sus intereses. Pero deben asumirlo y no tomar el papel que no les corresponde, el del periodismo.
“¿Qué van a hacer las radios? ¿Van a cerrarse?”, volvió a preocuparse Novillo. Algunas deberán cerrarse, habrá que repartir un poco la torta. No se preocupe por los periodistas, que gracias al proyecto encontrarán muchas más fuentes de trabajo con distintos dueños y mayor pluralidad. Me atrevo a sugerir que en Bolivia se cuestione el 33 por ciento que quedará en manos del Estado, es un argumento no sé si más válido, pero seguramente más ético.
