La Superintendencia de Control de Poder de Mercado (SCPM) tendrá un plazo de 90 días para dar su opinión sobre el conflicto que mantiene enfrentadas a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y Conecel (Claro) por la incorporación de cláusulas de exclusividad en los contratos de arrendamiento para la instalación de radiobases, informó el periódico ecuatoriano El Comercio. El miércoles 15 de enero se realizó la Audiencia Pública, en el marco del proceso iniciado por la CNT.
En su descargo, Claro apuntó que la denuncia de la CNT se refiere a cinco sitios arrendados por la compañía, en los que se alega que no habría podido expandir su red. La empresa resaltó que demuestran que su competidor “bien pudo, sin ningún problema ni costos de transacción y/o gastos económicos adicionales, instalar en predios cercanos su infraestructura de telecomunicaciones” y subrayó que “en ningún momento” ha impedido que la CNT despliegue y desarrolle su red, informó en un comunicado enviado a la prensa.