Starlink se convertirá en proveedor de la conectividad escolar en la Argentina. Lo anticipó el presidente Javier Milei y luego lo refrendó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) con un proyecto mediante el cual destinará más de 21 millones de dólares del Fondo del Servicio Universal (FSU) para ese objetivo. Se trata de una medida polémica y que viola la normativa vigente ya que ese fondo no puede ser utilizado por una incumbente global extranjera, del mismo modo que esos fondos no pueden ser utilizados por las grandes operadoras de telecomunicaciones de la Argentina.
El anuncio está generando malestar entre los proveedores de Internet (ISP) que brindan la conectividad escolar y que, en muchos casos, no reciben el pago por ese servicio desde 2020, como tampoco algún tipo de actualización por inflación sobre las prestaciones concretadas. La decisión del Enacom es tan polémica, como “contradictorio, errado y excesivo” el proyecto publicado esta semana en el Boletín Oficial, tal como lo señalaron diversas fuentes consultadas por TeleSemana.com, algunas de las cuales prefirieron el off a rajatabla.
Conectividad escolar con Starlink – Imagen creada con IA
La historia comenzó así. El último fin de semana de julio, durante un acto en la 138 edición de la Exposición Rural argentina, un encuentro tradicional del campo que se repite cada año en la Ciudad de Buenos Aires, el presidente Javier Milei anunció el acuerdo entre la empresa satelital y el Enacom. “Starlink se comprometió a donar 6.000 kits satelitales junto a 24 meses de su servicio de Internet más alto, que incluye acceso prioritario por hasta cinco terabytes mensuales”, dijo, para luego agregar: “Sí, es un montonazo. Gracias, Elon”, tal como publicó La Nación.
Más que gracias Elon, quien debería dar las gracias es el propio Musk a las operadoras de telecomunicaciones de Argentina por hacerse de un dinero que le vino del mismo espacio por el que circulan sus satélites.
Una donación a cargo
Tal como se lee en la resolución 663 del Enacom, el proyecto será solventado con 21.876.000 dólares provenientes del FSU, de los cuales 9.978.000 dólares corresponderán a la “donación con cargo” a efectuar por Starlink al FSU para pagar los kits, sus accesorios y el servicio de Internet satelital durante los primeros 24 meses. A este monto se sumarán 11.898.000 dólares también del FSU afectados “al costo de instalación de equipos, manejo de gestión del servicio e incidencias, atención técnica y proporción de una plataforma API para el control y monitoreo, junto con la continuidad del Servicio de Internet satelital durante los 12 meses subsiguientes”, tal como se lee aquí.
Aquí es donde hay que comenzar a separar las cosas y confrontarlas con la normativa vigente. De buenas a primeras, parece una buena iniciativa que las escuelas tengan conectividad escolar de parte de un proveedor que llega a zonas alejadas, remotas. Lo que no dijo el presidente es que las escuelas públicas del país cuentan con conectividad escolar a través de distintas iniciativas, algunas solventadas con programas del FSU, otras por puro interés de los ISP que le brindan la conectividad de manera gratuita por encontrarse dentro de su zona de cobertura de servicio.
El punto más polémico es el del uso de los fondos del Servicio Universal para pagarle a una empresa incumbente global y cuasi monopólica, tal como es Starlink en los cielos argentinos. ¿Por qué? Porque la ley 27.078 Argentina Digital dejó claramente establecido en 2014 que el FSU -conformado por el pago del 1 por ciento de la facturación de todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones que actúan en la Argentina- iba a estar disponible para financiar proyectos de conectividad que realizarían proveedores de Internet, menos las grandes operadoras de telecomunicaciones.
Había, además, una restricción económica. En todos los casos, los proyectos financiados por el Servicio Universal no debían superar los 200 millones de pesos (unos 150.000 dólares, según la cotización del año que corresponda, dada la situación inflacionaria de la Argentina). El otorgado ahora a Starlink ronda los 32.500 millones de pesos, es decir, 162,5 veces más. Urge un agradecimiento de Elon.
El proyecto del Enacom tiene un nombre técnico, pay for play, un mecanismo que durante muchos años reclamaron las operadoras de telecomunicaciones pero que, como se mencionó anteriormente, “quedó vedado en el 2014, porque hasta ese momento la discusión era si las telcos lo hacían bien. A partir de la entrada en vigente de la ley Argentina Digital, el FSU nunca le pagó a ninguna incumbente y no aceptó el tema de despliegue por pago. ¿Por qué? Las grandes telcos tienen obligaciones de despliegue por los compromisos asumidos en los pliegos de licitación y por ende no pueden descontar lo que tienen obligación por el pliego mismo. Eso quedó cerrado en 2014”, explicó a TeleSemana.com, Leticia Vázquez, presidente de Infraestructura Digital Argentina (IDA), una cámara que reúne a un grupo de proveedores de Internet ubicados principalmente en las provincias.
Tres gestiones en línea
Vázquez recordó que “pasaron tres administraciones de gobierno (el segundo de Cristina Kirchner, el de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández) y todas respetaron que eso era así: las telcos no podían desplegar con FSU a través del sistema pay for play. Ahora sí pareciera que les están dando ese sistema de manera compulsiva a Starlink.
Algo así como que se aplicó un cambio que, más de una década atrás el sector local pedía pero no se otorgó, y ahora se implementó sin que invitaran a los aportantes del FSU a participar.
Los más preocupados en este nuevo escenario abierto esta última semana son los propios ISP porque muchos de ellos dieron y continúan dando conectividad escolar sin poder haber descontado nunca esa prestación del aporte del 1 por ciento que realizan al Fondo de Servicio Universal, tal como lo admitió una de las fuentes consultadas, que prefirió la reserva.
Uno de ellos sí dio su opinión.
“Sobre Starlink, el país no necesitaba esa generosa donación. (Ese monto) lo podría pagar el ministerio y hasta las escuelas con su caja chica. Pero con esto distorsiona el mercado. Y los que pagamos el FSU somos nosotros. Lo pagamos todos. ¿Cuál es el sentido del FSU? ¿Pagarle a una empresa de otro país con el dinero del sector telco local? Para mí es malversación del FSU que ya no tendría razón de existir”, dijo sin vueltas a TeleSemana.com Raúl Crudele, administrador de dos empresas de Internet, Multifibra y Sista, que se han ocupado de brindar conectividad escolar en sus áreas de influencia.
“Dábamos conectividad a varias escuelas en Ensenada, gratis, hasta que las licitaron. La conectividad gratis no es una política de Estado, sino generosidad. Cuando los planes (de conectividad escolar) empezaron a ser manejados con el FSU nos presentamos para no perder la oportunidad, pero no tenía sentido brindar el servicio de esa manera. Y gratis no hay nada. Si tengo 10.000 abonados, no cuesta nada darles conectividad a cuatro escuelas, pero no es el modo”, reflexionó el empresario.
Deudas que nadie paga
Cuando esos programas de conectividad escolar se licitaron, el mismo gobierno se comprometió a pagar el costo de ese servicio con el FSU. Sin embargo, son decenas los proveedores de Internet que dejaron de cobrar por ello desde 2019 y 2020. “El gobierno anterior me dejó de pagar, un año entero, el 2019, serían 5 o 6 millones de pesos, y nadie se hizo cargo. Tendría que haber sacado el servicio a las escuelas y no lo hice”, agregó Crudele para quien cada escuela debería contratar el servicio de Internet del proveedor de su zona, y el ministerio pagar por ese servicio.
Lo aseverado por Crudele fue ratificado por Leticia Vázquez, quien subrayó que “no solo no les pagaron sino que, además, tampoco les actualizaron esa deuda, actualización que estaba prevista por contrato. Y lo más llamativo es que esa actualización a Starlink se la hacen en dólares”. Las deudas impagas por el parte del Enacom para distintos fines motivaron a un ISP a trabar un embargo sobre el FSU de manera cautelar tiempo atrás.
Con el alcance de la donación una vez otorgados los 11 millones de dólares por la prestación del servicio, se advierte la imposición de un pay for play porque a ese monto se les descuentan los 8 millones de dólares del aporte al FSU. “Lo que se hizo fue adelantarlo para descontarlo a lo largo del tiempo”, agregó la presidenta de IDA.
La resolución 663 del Enacom está siendo estudiada con lupa por el sector en su conjunto. ¿Se tomarán medidas? No se sabe. El tema sí volvió a poner en discusión el FSU. También la pregunta sobre por qué otorgar un beneficio tan generoso a una empresa que ni siquiera se sabe si lo pidió, en sintonía con lo que está sucediendo con otras leyes ampliamente beneficiosas para el capital extranjero que ni siquiera han logrado el objetivo buscado: el nivel de Inversión Extranjera Directa (IED) en la Argentina es el más bajo de América Latina, según los datos de la OCDE correspondientes a 2025, aún cuando se asegura que el clima de negocios es más favorable que en otros períodos.
La conectividad escolar siempre da lugar a debate. Sin embargo, se necesita una política de Estado consistente en el tiempo para garantizar lo que la educación necesita: acceso de calidad. Para que los agradecidos sean los ciudadanos.
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