El Consejo Director de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) anunció que llevará a consulta pública las modificaciones al Plan General de Concesión (PGO, por sus siglas en portugués), en el marco de una nueva regulación al sector. Además, el consejo aprobó nuevos contratos de concesión de telefonía fija y la revisión del Plan General de Metas para la Universalización (PGMU) para los próximos cuatro años.
El nuevo marco regulatorio incluye compromisos de inversión de empresas y obligación de expandir las redes de fibra óptica para permitir mayor adopción del servicio de banda ancha, en línea con las prioridades de la actual administración.
El nuevo contrato de concesión de telefonía fija trae algunos cambios para adaptarlos a la propuesta del nuevo PGMU como la reducción de obligaciones de densidad y distancia entre teléfonos públicos —una buena noticia para los proveedores de telefonía fija, que hoy incurren en grandes gastos para mantener una infraestructura en desuso—.
André Borges señaló que la decisión de Anatel es “un paso más para la migración de la concesión de telefonía fija para el régimen de autorización, aprobado por el Congreso”. El ejecutivo se ocupó de plantear que, igualmente, todavía queda mucho por hacer, como la revisión de legislación de fondos sectoriales (Funttel, Fistel y Fust) para su aplicación en proyectos de conectividad. Entre los tres fondos, el país recaudó cerca de 104.880 millones de reales (31.066 millones de dólares) desde 2000.
Por otro lado, el nuevo PGO —que aplicará a las concesionarias de telefonía fija que no optem por mudar al régimen de autorización— tiene como prioridad la expansión de redes de transporte de fibra óptica y radio de alta capacidad para conectar los municipios, la ampliación de cobertura en villas y aglomerados rurales con banda ancha móvil, una mayor penetración de redes basadas en fibra óptica en las áreas urbanas y la conexión con servicios de banda ancha de organismos públicos —con prioridad en educación y salud—.