Romina Garrido es la subsecretaria de Telecomunicaciones de Chile de la recién iniciada presidencia de José Antonio Kast. A cuatro meses del comienzo de su mandato, la abogada especializada en la protección de datos personales conversó en exclusiva con TeleSemana.com sobre su visión de la industria de las telecomunicaciones en el país, como también acerca de su perspectiva regional y el largo plazo, los objetivos y los desafíos cada vez más interdisciplinarios.
¿Cuál es su mirada sobre el estado de situación de las telecomunicaciones en Chile, en términos de conectividad y brecha digital, y también de negocio?
En Chile, las telecomunicaciones han sido políticas públicas de estado a muy largo plazo, lo que se refleja en la conectividad y en el posicionamiento que ha tenido nuestro país a nivel regional y, ¿por qué no decirlo?, a nivel mundial, tanto en la velocidad de Internet, como en los precios, en el acceso, en la calidad del servicio, en la conectividad, en el acceso a 5G, y en el despliegue de fibra óptica.
Es un país que ha mantenido una política pública de conectividad sostenida a lo largo de los últimos 15 o 20 años; y eso nos ha permitido estar en un lugar privilegiado. Siempre ha habido un diálogo muy fluido entre los actores públicos y el sector privado, que es quien despliega la conectividad en nuestro país. Esto, además, se logra visualizar cuando hay un actor importante, como Telefónica Movistar Chile, que sale de Latinoamérica, pero también otro que decide ingresar a nuestro país y comprar la operación. Sucede porque Chile ofrece las condiciones de estabilidad regulatoria que permiten que existan cuatro actores.
¿En qué estamos nosotros, como Subtel? En poder hacer que este mercado de las telecomunicaciones pueda seguir tan pujante y tan robusto, y que estos cuatro actores puedan desplegarse y desarrollar la industria en igualdad de condiciones, con una regulación que facilite el despliegue; y desde el Estado crear las condiciones para que la industria siga creciendo.
Uno escucha los dolores de la industria, sobre los precios sumamente competitivos, las inversiones, y lo que quisiéramos es, justamente, tomar esa posta e ir destrabando los nudos regulatorios, para ir destrabando al sector. Buscamos que eso se traduzca en mayor acceso y mayor conectividad para las personas, para los chilenos, y para que podamos seguir ocupando este lugar de conectividad que es destacado.
¿A qué se refiere cuando habla de nudos regulatorios?
En Chile se ha inventado una palabra para esto: la permisología. Es una especie de vía crucis que tiene que sufrir una empresa o un emprendedor cuando va a generar negocios; una serie de permisos que hay que ir atravesando dentro de la burocracia estatal.
Y los permisos son necesarios y hay actividades que son reguladas, pero ¿hasta dónde llegamos con esa burocracia? Parece que nos hubiésemos excedido en el último tiempo, y que se han ido generando ciertos “nudos” que muchas veces no están en la Subtel, sino en otros actores que empiezan a intervenir en los despliegues. Hablo, particularmente, de este sector de infraestructura de telecomunicaciones, y me refiero a casos como el uso del suelo fiscal, la normativa medioambiental o el uso de infraestructura pública.
El año pasado, en Chile se aprobó una ley que, justamente, ataca esto: la de permisos sectoriales que busca facilitar a diversas empresas, incluidas las de telecomunicaciones (N. de R.: se refiere a la Ley N° 21.770, también conocida como la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales -LMAS-).
Por ejemplo, nosotros ya hemos identificado tres permisos que pueden ser reemplazados por autorizaciones o declaraciones juradas, pero estamos identificando cerca de 20 más. Teníamos un plazo muy acotado que cumplir para el ingreso del reglamento, pero ya tenemos identificados cerca de 20 permisos adicionales que podemos incluir dentro de esto que hemos llamado el fast track.
También queremos fijarnos plazos internos para la resolución de los casos, porque nos hemos encontrado con algunos pendientes de resolución de hace mucho tiempo, y queremos solucionarlos. Sucede que una industria que no recibe certezas cuando pide un permiso, es una industria que está más reticente a seguir invirtiendo. Este es un mandato presidencial que tenemos para todas las industrias que participan del desarrollo económico de nuestro país: ir facilitándoles, asi generamos mejores condiciones de calidad de vida para las personas.
Nosotros somos una institución sumamente regulada y esta industria tiene muchos permisos, concesiones, autorizaciones, cambios de uso y diversos tipos de permisos que son necesarios para mantener el orden; pero muchas veces nos pasamos de burocracia y tenemos que confiar en el sector privado. Básicamente, la norma de permisología es un voto de confianza hacia el sector privado, donde la empresa declara que está haciendo algo que nosotros vamos a ir a fiscalizar después.
¿Observaron algún patrón entre esas permisologías pendientes?
Hemos identificado algunas cosas que deberían tomar menos tiempo interno, por ejemplo, los cambios de las propiedades de las antenas. Sabemos que en Chile se ha diversificado este segmento de quién es el operador de telecomunicaciones versus quién maneja la infraestructura, y esto ha implicado que se generen economías de escala y, a veces, estos cambios de titularidad se demoran muchísimo.
El plan es ir revisando y viendo cómo le damos respuesta interna a aquel operador que vendió su infraestructura a un tercero y que ese tercero quiere explotarla con otros operadores también.
Estamos juntándonos con distintos subsecretarios y distintos servicios para hacer más gestión y atendiendo cada nudo. En los despliegues en los que estamos ahora, que son los de WOM y de Claro, articulamos cuando tienen problemas con otras entidades públicas, por ejemplo, de bienes nacionales o de viabilidad, porque es una industria crítica que hace que cualquier emprendimiento o desarrollo económico sea posible. Y ahí hemos estado también con algunas conversaciones con otros ministerios, para que compartan la lógica de situar a la industria de telecomunicaciones en el lugar que debe estar, como industria habilitante.
Si queremos crecer en centros de datos, en inteligencia artificial (IA), en servicios digitales, su base o cimientos involucra que tengamos telecomunicaciones, que tengamos infraestructuras y que tengamos una industria que pueda sostenerlo. Muchas veces la conectividad se da por hecho, porque parece que nacimos con 4G o ya ni siquiera nos acordamos de cómo era el mundo antes que estuviéramos permanentemente conectados y que todo funcionara como lo hace desde hace una década.
Respecto de estos proyectos estratégicos mencionados (de data centers o de IA), ¿planifican introducirles cambios?
Ya tenemos una estrategia nacional de data centers, donde Subtel no lidera la estrategia, pero sí es parte porque construye la infraestructura que es habilitante y porque cualquier proyecto a gran escala de centro de datos o de IA, necesita tener una estrategia de conectividad robusta. Nosotros participamos de esas estrategias, que son de política pública y que requieren de redes resilientes, de declaratorias de infraestructura crítica en las que estamos súper alineados, como las de ciberseguridad, de protección y de lo que hace que una política pública (de IA o de data center) funcione.
Son políticas que lideran otros ministerios, pero en las que estamos súper alineados y articulados; pero también queremos estar en sus debates y en el impulso que nuestro país deba darle a la adopción tecnológica también.
Como especialista en la privacidad de los datos de las personas, ¿qué visión tiene sobre la cuestión de la soberanía digital y de los datos, alrededor de este tipo de estrategias de IA y de data centers, por ejemplo?
Creo que son conversaciones bien incipientes y que han respondido un poco a las contingencias que hemos ido viviendo como país; y que efectivamente nos han hecho llegar un poco tarde a las regulaciones.
En ciberseguridad, somos líderes en América Latina y un ejemplo a veces incluso para España, o para otros países europeos, porque logramos una normativa de nivel mundial, con una articulación público-privada muy importante.
En el tema de datos, nos hemos quedado un poco rezagados. Llegamos tarde, con una legislación que la mayoría de los países tiene desde hace 10, 15, 20 o 40 años, pero que en Chile recién vamos a empezar a experimentar y a debatir cómo las personas controlan su información, el próximo año; en 2027 o 2028. Y ya hubo algunos traspiés en la instalación de la agencia de datos personales.
Creo que si estas conversaciones no se articulan bien, es difícil poder plantear una posición de soberanía tecnológica, de soberanía de datos, porque muchas veces, uno como país latinoamericano corre con cierta desventaja, en comparación con otros grandes jugadores como Estados Unidos o China. O Europa, que ni siquiera está liderando esta conversación, pero es un actor que regula. O sea, son otros los que crean, Europa regula, y América Latina tiene que ir viendo cómo se sitúa en la conversación.
Nosotros queremos aprovechar las ventajas de la IA, queremos aprovechar las ventajas de los datos y tenemos que pensar en un equilibrio más o menos razonable entre lo que nos ofrecen estos tres sistemas: de más libertad, como el de Estados Unidos; de mayor regulación, como el europeo; o un sistema muchísimo más protector, como el de China.
Como país también vemos un activo: en Chile se está dando una conversación que tiene que ver con el análisis de las inversiones que se realizan en el país; el screening de las inversiones. Y nosotros, como Subtel, estamos participando para que el próximo año se presente un proyecto de ley que, sin querer generar más permisología ni más trámite, nos permita tener esta mirada estratégica de las inversiones.
No son sólo las telecomunicaciones, también son los centros de datos, también son nuestros recursos naturales, y cómo nosotros, como país, nos situamos en la conversación; qué valor damos a esas inversiones. Podemos pensar que queremos que la industria venga y que, para eso tenemos que generar condiciones habilitantes que yo creo que ya tenemos pero que han sido poco entendidas.
En cuanto a las legislaciones de datos personales, creo que tienen que mutar mucho más al uso de datos y a la interoperabilidad; hacia esos escenarios más que a pensar que la protección de datos es el no uso de la información. Generar valor y confianza en las personas. Hay modelos súper exitosos que deberíamos mirar.
Somos un país sumamente conectado y a la brecha digital, por ejemplo, la estamos viendo en uso, en el para qué se conecta la gente; porque la idea no es que tengamos a todos conectados para entretenerse y navegar en redes sociales; sino para que seamos un país más productivo y que generemos crecimiento económico y, para eso, hay que dar una conversación mucho más larga que la de simplemente generar conectividad.
Recién Ud. nombraba a China y yo recordaba el tendido de plan del cableado submarino que quedó trunco al final de la administración anterior. ¿Cuál es el estado de situación de ese plan y si hay otras iniciativas de amarre?
Justamente esa contingencia puso a los datos en el centro del debate, porque lo que está en juego es el manejo de datos; quién tiene el control de la infraestructura por la cual circulan datos, quién tiene el control de esas carreteras digitales.
Y para mí resulta un caso interesante en ese sentido, porque por primera vez nos hace clic el que esto no son simplemente autorizaciones o permisos, sino que también está en juego el control de los países, el control de la información, la soberanía tecnológica y ese tipo de cosas. Entonces, impone la necesidad de abordarlas: quiénes invierten en nuestro país, cómo cuidamos los datos, cómo vamos a responder ante una nueva regulación de datos personales, y cómo esto confluye también en las exigencias de ciberseguridad a los operadores. Lo positivo de la contingencia fue el poner todas estas cosas en el debate en la Subtel y con los otros ministerios; ver cómo podemos articular y responder ante un escenario geopolítico muy tensionado.
En particular, ese cable sigue en revisión y esperamos dar una respuesta lo antes posible, para que sea una manera respetuosa y justa con quienes hoy son nuestros principales socios comerciales.
Tengo la impresión de que, cada vez más, la industria es atravesada por debates que van más allá de las meras comunicaciones, como lo son los vinculados a la cuestión ambiental o de soberanía. ¿Cómo lo observa Ud. en Chile?
Si, y estamos en permanentes conversaciones con nuestras autoridades ambientales también. Ellos están en una tarea también de harta flexibilización normativa, porque muchas veces ha estado ahí el “nudo” regulatorio más específico para las empresas, y no porque el tema ambiental no sea importante, porque de ahí depende la supervivencia que vayamos a tener como especie. Si no cuidamos nuestro planeta, es difícil que cualquier actividad económica pueda ser sustentable y desarrollarse en el tiempo.
Pero con ellos estamos interactuando particularmente en los temas de emisiones, antenas, y viendo, también, cómo hacemos para no duplicar cargas regulatorias para la industria; de la mano de la Superintendencia de Medio Ambiente, que es quien fija normativa y fiscaliza. Viendo cómo podemos organizarnos con esa área para que, persiguiendo el mismo objetivo, podamos darle una única respuesta al regulado; pero son asuntos que van tensionando a la industria y que uno esperaría ir resolviendo lo más coordinadamente posible.
Por eso pensamos que no todos los cambios van por una modificación legal, de cómo la industria opera, sino que a veces es simplemente de gestión y de protocolos de actuación entre las distintas entidades que participan del despliegue de infraestructura, por ejemplo.
Para ir cerrando esta entrevista, ¿qué planes tienen en materia de achicamiento de brecha digital, considerando que en Chile conviven los buenos indicadores de conectividad y de adopción de, por ejemplo 5G, con la persistencia de algunas zonas desatendidas?
Hace poco dimos muy buenas noticias de conectividad, de acceso a 5G con 10 millones de conexiones de 5G, con 12 millones de conexiones 4G, con 7 de cada 10 hogares conectados a Internet y casi 9 de cada 10 conectados vía fibra óptica. Todavía tenemos alguna brecha un poco mayor en materia de Internet fija, pero tenemos una penetración de Internet móvil muy grande.
Es cierto, hay zonas todavía rezagadas donde la fibra óptica o el 5G o la conectividad móvil va a ser mucho más difícil que llegue y, por eso, estamos explorando facilitar la regulación para las tecnologías satelitales e incorporándolas dentro de una herramienta que tenemos como subsecretaría: el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones que generará oferta donde no es comercialmente viable.
Por ejemplo, si tengo una localidad con 50, 100 habitantes y ninguna telco que quiera ofrecer servicios, nosotros subsidiamos proyectos para esos casos; estamos viendo de qué manera podemos cambiar el subsidio tradicional hacia subsidios de tecnologías satelitales para poder atender esas zonas rurales. Estamos viendo cómo empresas satelitales, como HughesNet o Starlink, se vienen a instalar unos satélites que vienen de la mano de Amazon.
Todo eso nos sirve particularmente, por la geografía que tiene nuestro país. Hay zonas donde va a ser difícil que lleguemos con fibra y con conectividad móvil, y estamos viendo cómo con soluciones satelitales y la articulación de los esfuerzos y de los subsidios públicos podemos cubrir esa brecha.
Además, tenemos proyectos respecto de las zonas de silencio, porque tenemos un norte muy grande en nuestro país, y ahí también esperamos tener novedades prontamente de cómo ir resolviendo la falta de conectividad, que se siente cuando uno está en una emergencia. Son territorios realmente aislados y nosotros quisiéramos tener a nuestro país 100 por ciento conectado; ojalá.
