La licitación de espectro en 700 MHz tuvo lugar en Chile en 2014 pero hizo ruido antes, durante y después. Participaron de la puja los tres operadores incumbentes, lo que generó críticas de empresas y asociaciones que demandaban condiciones más livianas para abrir el juego a otros interesados. El caso fue investigado por la Fiscalía Nacional Económica y, aunque ésta dio el visto bueno del proceso, las idas y vueltas llevaron a que pasen dos años entre la licitación y la adjudicación del espectro obtenido a Claro, Entel y Movistar.
En junio de este año, la Corte Suprema sorprendió al acoger una demanda interpuesta por la asociación de consumidores (Conadecus) sobre la vigencia del límite de 60 MHz aplicable a la telefonía móvil de Chile. La decisión echó por tierra una resolución anterior del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que habilitó el uso de la banda de 700 MHz y obligó a las empresas a devolver espectro.
Las quejas de los tres involucrados no se hizo esperar y el tema se mezcló con el reclamo de Claro y Entel por la decisión de la Subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel) de congelar el uso de espectro de la banda de 3,5 GHz con el ojo puesto en 5G. Tras una serie de reuniones, el regulador presentó un plan de espectro más amigable y la Corte Suprema le dio luz verde para revisar los límites de acumulación de activos de las empresas mediante un proceso de consulta.
Cuando el tema parecía diluirse, al menos por unos días, Wom arremetió contra sus competidores y mostró su disconformidad con ellos ante el TDLC. El operador, cuarto en el listado de clientes celulares, solicitó ser tenido en cuenta como parte interesada en el asunto y “que los incumbentes cumplan con lo resuelto por la Corte Suprema” y devuelvan el espectro que obtuvieron sin respetar el límite establecido de 60 MHz.
La empresa agregó, según replicó La Tercera, que “en contravención al sentido natural de la sentencia, Claro y Entel han interpretado que el desprendimiento del espectro quedaría condicionado a lo que se resuelva en la consulta de Subtel”. También se quejó de la falta de definición sobre la banda a desprenderse como resultado del proceso. Las empresas “intentan eludir el cumplimiento de la sanción y usar para su beneficio la consulta del regulador”, concluyó.
