Los 51 días que pasaron desde que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente de México sirvieron para entender que el mandatario asume las telecomunicaciones como parte importante de su gestión o al menos un punto clave para diferenciarse de la administración anterior. Primero prometió en campaña conectar a los 50 millones de mexicanos sin acceso a Internet y ahora puso en foja cero el proyecto de Red Troncal.
“Esta licitación se suspendió. Desde la reforma de telecomunicaciones no se contempló, no se resolvió el problema de la conectividad”, dijo el presidente en declaraciones tomadas por El Economista. Agregó que en febrero estarán listos los nuevos lineamientos. De no mediar nuevos cambios, el 22 de abril se conocerán las propuestas de interesados y tres meses después se adjudicará.
En el acta de modificación del concurso consta que las modificaciones “no limitan en forma alguna el número de participantes”, que según el documento original podían ser personas físicas o morales nacionales o del extranjero que cumplan con los requisitos mínimos establecidos. Además, se señala que esto no impacta en aspectos como la garantía de seriedad porque “a la fecha no se han presentado propuestas”.
El concurso tiene como objetivo encontrar a un socio privado que se ocupe del despliegue, operación y comercialización de la red pública para telecomunicaciones a crearse sobre la red de alta y media tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que cubre 25.000 kilómetros. No es la primera vez que se aplaza la iniciativa, el primer cambio en el cronograma fue bajo la administración en Enrique Peña Nieto. En ese entonces se buscaba “dar más certeza sobre los requisitos necesarios a los participantes”.
Desde dos puntos de vista, o quizás más, se pueden explicar los por qué se modifican las bases de este concurso abierto hace casi un año. Uno de ellos fue expuesto por el propio López Obrador y es que hay errores en el documento que obligan a rediseñarlo. Otro, claro, es que México no escapa a la lógica latinoamericana donde resulta inviable mantener proyectos a largo plazo cuando hay cambios de administración en el medio.
Si se eliminan de las posibilidades las cuestiones políticas y no se contempla que el funcionario aprovechó el espacio para criticar la Reforma de Telecomunicaciones, solo queda analizar lo técnico. Para López Obrador no hay dudas: “Solo el 25 por ciento del territorio tiene conectividad y en el 75 por ciento no hay comunicaciones. Este proyecto se iba a entregar con el criterio de atender solo a las poblaciones donde está el mercado, pero el Estado debe cumplir su función social y garantizar conectividad a todos”.
Casi de inmediato, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dijo que los estándares internacionales marcan la medición en función de la población y no del territorio. Según estos parámetros, la cobertura nacional de telefonía e Internet móvil es del 88 por ciento en 3G y de 84 por ciento en 3G. La mitad de los hogares tiene Internet fijo y el acceso vía fibra óptica creció 463 por ciento en los últimos cinco años, dijo el organismo al medio Etcétera y abrió su segunda batalla contra la nueva administración.
Las bases originales del concurso hablan de una cobertura sobre población. Indica que el 32 por ciento de los habitantes tendrán que estar cubiertos en 18 meses, el 53 por ciento en 30 meses y el 80 por ciento en un máximo de 42 meses a contar desde la firma de contrato de asociación público-privada. Estos parámetros parecen no haber convencido al equipo de López Obrador, que agregó que la licitación también incluirá contraprestaciones como Internet gratuito en carreteras, hospitales y plazas.
El proyecto original hablaba de que México presenta un déficit de infraestructura que llevará a que en dos años el 77 por ciento de la población habite en localidades con al menos una red de transmisión de fibra óptica. El resto, unos 35 millones, no tendría la posibilidad de acceder a banda ancha o lo haría pero con una calidad debajo de la recomendada. Indicaba que la demanda de transmisión no está completamente satisfecha y daba libertad de tarifa a quien se ocupe del proyecto, lo que a priori parecía una ventaja frente a la Red Dorsal de Perú. Todo volverá a ser evaluado bajo la nueva administración.
Los cambios previstos no alteraron el humor de Plan A, consorcio que ha mostrado interés en la iniciativa gubernamental. “Seguiremos el avance sobre las nuevas bases de la Red Troncal para conocer a detalle las condiciones de la licitación. Estamos convencidos de que invertir en fibra óptica es invertir por el futuro”, dijo la empresa en un guiño a la administración actual, casi como queriendo posicionarse de mejor forma ante una eventual puja posterior.
Así las cosas, México se propone rehacer el proyecto y tenerlo listo en las próximas semanas. Tiene ejemplos a seguir, pues en la región ya marchan al menos cuatro propuestas similares que se celebran por el éxito y se replantean ante el fracaso, según el caso. Hacerlo ahora le da el beneficio de no repetir errores de otros y el desafío de ser inmejorable, más ahora que se cambiarán las reglas presentadas por la administración anterior. El tiempo corre, de nuevo, con un lápiz en la mano listo para aplicar cambios y la incertidumbre como única certeza en un país que, más o menos, según quien lo mire, presenta deudas en materia de conectividad.
