En los últimos meses asistimos a un aumento de la tensión en la llamada “guerra tecnológica” entre Estados Unidos y China, con sonadas intervenciones de destacados integrantes de la administración Trump, como el vicepresidente Mike Pence o el secretario de estado Mike Pompeo. Pero especialmente saltó a la primera plana a partir de la detención en Canadá de Meng Wanzhou, CFO e hija del fundador del gigante tecnológico chino, Huawei. Las sospechas sobre la empresa, y sobre la propia China, apuntaron a cuestiones relacionadas con el espionaje e incluso con el hecho de buscar controlar la información que transita por las redes.
Detrás de este entramado subyace además el temor de Estados Unidos a que sea China quien lidere tecnológicamente el desarrollo de la red del futuro: el 5G. Una nueva generación tecnológica que será fundamental no solo para las comunicaciones móviles, sino también para el desarrollo de la industria 4.0, para el Internet de las Cosas (IoT), para el desarrollo de los coches autónomos, o la expansión de las ciudades inteligentes, etc. Existe la convicción de que quien logre “controlar” el 5G, obtendrá una ventaja global durante las próximas décadas en materia económica, pero también en cuestiones de suma relevancia como la inteligencia y el poder militar. Las armas de la guerra fría de la actualidad no son las nucleares, sino el control de los datos que circulan en internet.
Estados Unidos ejerce una creciente presión para que sus aliados no dejen participar a Huawei en los despliegues nacionales de 5G. Por su parte, China está muy avanzada en el desarrollo de equipos para esta tecnología, y se dirige a ser el proveedor líder a nivel mundial en la materia, a la vez que seducen a terceros países para que adopten su tecnología, a partir de buenos términos en los contratos y la posibilidad de mayores acuerdos en el futuro. El tiempo corre contra los intereses estadounidenses, pues la firma de contratos para desplegar redes 5G es inminente en muchos países. Las decisiones que se tomen de aquí a 2 años respecto a quien donde liderará el avance tecnológico van a generar efectos geopolíticos durante las próximas décadas.
Es esperable que países en desarrollo estén particularmente interesados en ofertas de empresas chinas como Huawei —dadas sus restricciones económicas, y las condiciones favorables de las mismas—; es en los países desarrollados donde se está jugando un partido con importantes consecuencias geopolíticas.
Estados Unidos está particularmente preocupado por las decisiones que adopten sus aliados de la Unión Europea, y de momento, no ha logrado convencer a países como Reino Unido, Italia o Alemania de que impongan un veto al desarrollo chino, algo que sí han hecho otros aliados como Nueva Zelanda y Australia.
Existen además otros temores subyacentes. Es notorio que empresas americanas como Google o Facebook han encontrado dificultades para operar en China, país que, en cambio, intenta que su población utilice los equivalentes chinos. Existen temores de que en China se utilicen los avances tecnológicos para perseguir la disidencia política. Ello podría incentivar a otros Estados autoritarios a seguir ese camino, y a usar su tecnología. Y generaría el riesgo de un internet fragmentado, con todo lo que ello implica.
El pasado día 26 de marzo la Comisión Europea anunció una serie de recomendaciones para sus estados miembros, resaltando la relevancia de la seguridad en la red. Lo que solicita a los países de la Unión va en la línea de realizar una evaluación nacional de riesgos de las infraestructuras de 5G, actualizando requisitos existentes, y definiendo condiciones y obligaciones reforzadas para proveedores y operadores. Si bien no establece el veto a ninguna empresa, resalta que los estados europeos tienen el derecho de excluir empresas de sus mercados por razones de seguridad nacional cuando no cumplan con las normas y el marco jurídico del país en cuestión. También incentiva el intercambio de información entre países y con la comisión, para una evaluación de riesgos coordinada.
¿Y América Latina? Nuestra región todavía tiene que avanzar en el desarrollo de sus capacidades par abordar los desafíos en ciberseguridad, privacidad y protección de datos. Por diversos motivos, la ciberseguridad no ha sido prioritaria en la agenda de política pública en estos años recientes. Para abordar este desafío se necesita adaptar la normativa y la institucionalidad al ecosistema digital actual para dar respuesta a la nueva coyuntura. No solo con el ánimo de proteger a los ciudadanos, sino también a las infraestructuras críticas de conectividad. Se trata de una tarea y un debate que debería darse en clave regional, y al más alto nivel político. La cooperación intra-regional es más necesaria que nunca para ello.
