El bloqueo de señales celulares en cárceles es un tema de larga data en el mercado de las telecomunicaciones y el caso de El Salvador da pruebas de su complejidad. El presidente local, Nayib Bukele, instó a los operadores a implementarlo en un plazo no mayor a 72 horas. Es que, aunque hay una ley vigente que lo contempla como parte de las obligaciones de las firmas que prestan servicios móviles, no es un hecho en todos los centros penitenciarios del país.
“Claro, Digicel, Movistar y Tigo se comprometieron a hacerlo”, reza un comunicado de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget). Agrega que pronto se presentará a Bukele un plan para dar solución definitiva al tema, aunque no aclara los pormenores. La acción, en este caso, es una de las etapas contempladas en el plan local de Control Territorial, implementado por el gobierno para garantizar la seguridad de la población.
Como resulta habitual, el primer mandatario hizo el descargo de la situación a través de la red social Twitter: “es evidente que la Dirección General de Centros Penales hará lo imposible para que no haya teléfonos adentro de los penales. Pero siempre existe la mínima posibilidad de que ingreso uno o haya uno enterrado o escondido. Bloquear la señal convertirá ese teléfono en un pisapapeles”, señaló. Su posteo recibió críticas de todo tipo, como sucede con la idea del bloqueo de señales como solución para frenar los delitos asociados a teléfonos en Latinoamérica.
Las voces a favor centran su argumento en la seguridad pública. El planteo es que resulta más difícil evitar el ingreso y permanencia de equipos móviles en los centros penitenciarios que bloquear la señal y dejarlos obsoletos. El crecimiento en la penetración del servicio celular se trasladó a las cárceles, desde dónde se cometen un sinfín de delitos, tales como secuestros virtuales, amenazas y hasta comunicaciones entre bandas para cometer ilícitos. Las fuerzas de seguridad han respaldado, por lo general, esta medida en sitios en los que se implementó.
Las reacciones en contra se concentran en dos cuestiones bien distintas. La primera es la imposibilidad de los reos de comunicarse con el exterior. Eliminar la señal móvil en los centros penitenciarios implica, según los detractores, cierta restricción de derechos que no deberían verse afectados. La otra es las complicaciones que esto ocasiona a los vecinos de centros penitenciarios, que en numerosos casos se han quedado sin señal a pesar de no estar privados de su libertad. La queja aquí es directa de usuarios afectados, que piden medidas distintas en las que no se vean involucrados.
El mayor punto de discusión en la industria es quién debe hacerse cargo de la situación, un punto álgido de debate con la norma que corre en este sentido en Costa Rica. Desde el sector privado alegan que un tema de seguridad pública no puede quedar en manos de empresas privadas, más aún si el ingreso de teléfonos en cárceles es una problemática de la que son completamente ajenos. La inversión requerida para tal fin y la responsabilidad ante eventuales delitos se ponen en la mesa al analizar este punto.
Lo cierto es que aunque hay una ley promulgada para tal fin, que rige de forma transitoria desde 2016 y de manera definitiva desde agosto de 2018, El Salvador todavía afronta como desafío erradicar los delitos asociados con teléfonos móviles que se hacen desde centros penitenciarios. Para hacerlo, obliga a las empresas a cumplir en tres días lo que no han logrado en meses y se pone otra vez en debate a quién corresponde llevar las riendas del tema. El gobierno, los operadores o ambas son las opciones que se manejan al momento pero las variantes todavía no han dado como resultado una solución.
